El juicio por la represión de la Policía Federal Argentina del 20 de diciembre de 2001 continuó esta semana con la ampliación de las declaraciones indagatorias cuatro integrantes de esa fuerza de seguridad, que son juzgados por su presunta participación en el homicidio de Alberto Márquez y las graves heridas sufridas por Martín Galli y Paula Simonetti, al desplazarse por la avenida 9 de julio a bordo de vehículos no identificables. En la jornada del jueves, declararon Horacio Berardi y Orlando Oliverio, auxiliar y comisario inspector del departamento de Control de Integridad Profesional de la fuerza, quienes conducían un Fiat Palio y una Ford Ranger, respectivamente. El primero aseguró que no existió un plan de acción el día que sucedieron los acontecimientos, e insistió en que ese día no llevaba arma propia porque no lo consideraba necesario. “No existe posibilidad de que haya cometido un homicidio, no tuvimos participación en los hechos”, refirió. En ese sentido, indicó que no tenía experiencia “en control en la calle”, que solamente era “personal interno” y que “estaba muy asustado”.

A su turno, Oliverio señaló que aquél día le dieron la orden de salir a recorrer y controlar y detalló que junto al resto de las brigadas que encabezaba por ser la persona con mayor jerarquía -además de los vehículos mencionados había un Peugeot 504- realizaron el itinerario habitual: el domicilio del jefe de la fuerza y también acusado, Rubén Santos, la mezquita y la Embajada de los Estados Unidos, y desde allí al centro porteño. Tras pasar por la explanada de la Casa de Gobierno y la zona de Plaza de Mayo, se dirigieron hacia la Avenida 9 de julio entre Perón y  Sarmiento. Allí, “había un hombre sentado en el cordón divisorio con sangre en las piernas” y “vino la hecatombe”, dijo.  “En ese momento -continuó, comenzaron a caer piedras sobre la camioneta”, por lo que habrían emprendido la retirada.

En un tramo de su exposición, dejó entrever que su imputación era producto de un allanamiento practicado en la Fiscalía descentralizada de Saavedra antes de los sucesos bajo examen en este debate oral y público, en combinación con su negativa a ceder un sistema de individualización criminal supuestamente inventado por él. Ello, según dijo en el juicio, llevó a que le inventaran causas y apuntó contra José María Campagnoli, titular de esa dependencia, y Norberto Quantin, por entonces a cargo de la Fiscalía General Nº3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Dicho comentario, que nunca realizó durante los años de trámite del proceso, no parece casual ya que el actual titular de esa Fiscalía ante la Cámara del Crimen es Mauricio Viera, quien interviene en el juicio por la represión que dejó un saldo de cinco muertos en la zona céntrica de la Capital Federal durante el último día de la presidencia de Fernando De la Rúa.  “Los fiscales me quieren perjudicar”, adujo. Viera le pidió detalles y preguntas aclaratorias al respecto, dado que la Fiscalía Federal Nª5 requirió la elevación a juicio de la causa en la que Oliverio está imputado el 12 de noviembre de 2003, aunque no agregó más cuestiones al respecto.

Durante la audiencia celebrada hoy, declararon Roberto Juárez y Sebastián Saporiti, quienes a la fecha de los hechos tenían, respectivamente, rango de sargento primero y auxiliar y tripulaban el Peugeot 504 junto a otro acusado, Eugenio Figueroa. “Todos lamentamos que hubiera heridos y un fallecido”, comenzó Juárez, quien conducía el automóvil. Luego, que exhibió cuadros de videos y fotos en los que intentó identificar armas caseras entre los manifestantes. Posteriormente, aseguró que estuvieron menos de un minuto en el lugar donde cayeron Márquez, Galli y Simonetti, y que a lo largo del periplo de las brigadas “no comentaron nada llamativo”. De todas formas, calificó como “un desastre” el operativo llevado adelante por la dependencia de la que formaba parte, por haber sido integrada por gente que no estaba instruida para los acontecimientos que tenían en lugar, en especial los auxiliares.

Finalmente fue el turno de Saporiti, quien criticó varios de los testimonios de los testigos que pasaron por el debate. “Los escuché mentir deliberadamente, no sé si por motivos ideológicos o económicos”, deslizó. Asimismo, ante las preguntas de la Fiscalía –que integran, además de Viera, Santiago Vismara, Mariano Domínguez y José Piombo-, expresó que “si fuese familiar de Márquez querría que el culpable sea condenado, pero no cualquier persona”, tras lo que aseguró no haber portado armas y ser totalmente ajeno a los delitos que se le imputan.