El ex jefe de la Policía Federal Argentina durante la represión que el 20 de diciembre de 2001 dejó cinco muertos en el centro porteño, Rubén Santos, amplió durante tres audiencias su declaración indagatoria en los tribunales federales de Comodoro Py, en las que manifestó que sus directivas se acataron “a lo decidido por las autoridades judiciales y políticas”, en especial al entonces ministro del Interior Ramón Mestre.

Su exposición comenzó la semana pasada con la lectura de tres declaraciones que había brindado en 2006, durante la etapa de instrucción de la causa, y que habían sido declaradas nulas. El Tribunal Oral Federal N°6 lo habilitó a hacerlo. Aquella jornada, su exposición debió ser suspendida por un corte de energía eléctrica que afectó al edificio ubicado en Retiro, por lo que fue reprogramada para ayer, cuando se extendió hasta la tarde; y reanudó, una vez más, esta mañana. Durante sus declaraciones aseguró que el 20 de diciembre dio órdenes a las 8:30 de la mañana para liberar el tránsito de la calle Balcarce y “mover algunas decenas de personas puntuales” que estaban sobre la Plaza de Mayo del otro lado de las vallas situadas a la altura de la Pirámide. Añadió que al retirarse de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones (DGO) su directiva “fue que se continuara con el trabajo emprendido y se siga con las detenciones puntuales” de las personas que cometieran delitos, pero que no dio otras órdenes a futuro. También reconoció haber dado la orden trasmitida por modulaciones a las 14.13 en la que dispuso replegar a la totalidad del personal detrás del vallado y a partir de ese momento únicamente hacer contención.

Al respecto, expresó desconocer “cómo se originó la decisión” para la irrupción de la policía montada en la Plaza de Mayo. “No hubiera ordenado el desalojo porque a esa hora los manifestantes estaban tranquilos” indicó, y agregó que esas órdenes “provenían de la DGO”. En ese sentido, consideró que Norberto Gaudiero, a cargo de esa dependencia y también acusado, “quiso irrumpir la investigación y generar confusión” durante la investigación de los sucesos. “En el mejor de los casos, fue una mala interpretación de las órdenes”, evaluó. “Los responsables quisieron ocultar su error”, añadió.

“Esta investigación tendría resuelta la responsabilidad de Mestre [imputado en el proceso hasta su deceso en 2003], que firmó el estado de sitio y se reunió con el presidente [Fernando De la Rúa]”, auguró. Y añadió: “Cuando todo estaba concluido, Gaudiero me atribuyó la frase ‘el estado de sitio está sobre la justicia’”.

Al continuar declarando, acompañado de una proyección de imágenes y videos, hizo un repaso de su gestión al frente de la PFA. En esa línea, indicó que las modificaciones implementadas por él referidas a “horarios y jurisdicciones generaban situaciones muy tensas” al interior de la fuerza.

Tras ello, narró los acontecimientos durante la noche del 19, una reunión celebrada en la Casa de Gobierno en la que “se discutió cómo se iba a proceder en el interior del país” y en la que Mestre le habría solicitado luego, a solas, “información rápida y fidedigna”. Es la primera oportunidad en 14 años en la que Santos hizo referencia a esa directiva del ministro. “Cumplí fielmente, los 25 llamados fueron un récord”, calificó. En ese tramo, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría se habría acercado hasta la sala de situación, respecto de lo que le informaron que “se fue contenta”.

Tras un cuarto intermedio, la audiencia de ayer se reanudó con su versión sobre lo sucedido el 20 de diciembre, ya sin lectura de por medio. Entre sus manifestaciones apuntó contra lo declarado por Servini de Cubría por televisión -que hizo reproducir- en cuanto a que la gente “podía manifestar todo lo que quiera”: “Mucha gente vino después del mediodía” alegó, en contraposición a lo dicho por varios testigos a lo largo del debate, que afirmaron que se habían acercado al lugar por diversos motivos, y en especial tras ver la agresión a las Madres de Plaza de Mayo.

Asimismo, ante una pregunta de la fiscalía -representada en el juicio por Mauricio Viera, Mariano Domínguez, Santiago Vismara y José Piombo- manifestó que en ese interín mantuvo una reunión con la plana mayor de la fuerza, estuvo en su despacho con el entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y luego en la Casa de Gobierno.

Durante la audiencia de hoy, que superó las cinco horas de duración -lo que obligó a posponer la declaración de los peritos que trabajaron sobre una serie de imágenes vinculadas a los homicidios en la zona de la avenida 9 de julio-, el imputado contestó preguntas de las partes. En respuesta al abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Rodrigo Borda, que interviene como querellante, dijo que otra disposición suya para replegar a los agentes detrás del vallado, que estaba a la altura de la Pirámide, alcanzaba solamente a los que estaban en la zona de la Plaza, pero no a los alrededores.