28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Se reanudó el juicio por la represión durante los últimos días de gobierno de la Alianza
19 y 20 de diciembre: el equipo fiscal consideró acreditada la responsabilidad de Mathov y la cúpula policial
Los fiscales consideraron acreditada la responsabilidad culposa, en casi medio centenar de heridos y cinco homicidios, del entonces secretario de Seguridad de la Nación, del jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos y del director general de Operaciones y el superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, respectivamente.

El equipo fiscal continuó ayer con su alegato en el juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó las muertes de Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez y más de un centenar de heridos, muchos de ellos como consecuencia de disparos efectuados con munición de plomo. Por otra parte, la audiencia prevista para hoy fue suspendida, por lo que el debate oral y público seguirá el jueves de la semana próxima.

En primer lugar, el fiscal Mauricio Viera enumeró la totalidad de las víctimas heridas: las que declararon en el debate iniciado en febrero del año pasado, las que lo hicieron únicamente en la etapa de instrucción y quienes no lo hicieron pero hay constancias de las lesiones. En ese sentido, tras un exhaustivo estudio de la fiscalía, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró acreditados 48 casos de los 117 que conformaron la imputación inicial, ya sea a través de declaraciones testimoniales, los listados de las personas atendidas por el SAME, las constancias de los Hospitales Argerich, Ramos Mejía y Pirovano -a donde los heridos eran trasladados y atendidos primeramente- y del Cuerpo Médico Forense, videos y fotografías, entre otros. Por esos sucesos y los homicidios están acusados a título culposo el entonces secretario de Seguridad de la Nación de la Alianza, Enrique Mathov; el jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos; el director general de Operaciones de esa fuerza, Norberto Gaudiero, y el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi.

Heridas producidas con balas de goma y de plomo, bastonazos, golpes y suturas fueron un denominador común durante esa jornada en la Plaza de Mayo y sus alrededores, de acuerdo a la exposición de la fiscalía. A modo de ejemplo: Oscar Coronel fue baleado en las piernas por dos personas que se bajaron de móviles policiales y no fueron identificadas, en el cruce de Cerrito y Sarmiento; Gustavo Arce y Diego Rivadeneira recibieron disparos con balas de goma en la cabeza, con la diferencia de que el primero estaba en Diagonal Norte y Esmeralda y el segundo detrás de la Casa Rosada; Juan Martín Raspeño fue golpeado cuando se refugiaba en el palier de un edificio junto a su padre; Julio Talavera estaba en el cruce de las avenidas Rivadavia y Callao y sufrió cortes en el cuero cabelludo: “Cuando les dije que tenía HIV se les fue toda la valentía”, recordaron los fiscales que dijo en el debate; el diputado Eduardo de Pedro, al declarar por escrito, narró que fue picaneado a bordo de un patrullero que luego chocó con un taxi; Julio Delbene Ford perdió varios dientes al ser impactado por una granada de gas en la cara, a la altura de la 9 de julio y la calle Alsina.

Más temprano, José Piombo  había culminado con la exposición  acerca de los hechos de Av. 9 de Julio que tuvo a Márquez como víctima fatal y a Martín Galli y Paula Simonetti con graves heridas de bala. Para eso, el equipo desarrolló la autoría y participación de los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional de la PFA imputados, en tanto mantuvieron que no había ninguna justificación para sus conductas ni motivos de exculpación.

La responsabilidad de las cúpulas

Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi llegaron al juicio acusados de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Al respecto, el fiscal Santiago Vismara precisó que la conducción del violento operativo fue “contraria a la normativa” vigente, al impedir reuniones lícitas y pacíficas, la afectación de la salud de los manifestantes y no dotar al personal policial de los elementos apropiados, por un lado, y no adoptar medidas para evitar las consecuencias producidas a lo largo de la jornada, por el otro.

A Mathov en particular se le imputa haber impartido instrucciones contrarias a la ley de seguridad interior y, en definitiva, un rol “determinante para las cinco muertes y las lesiones”.

Luego fue el turno del fiscal ad-hoc Mariano Domínguez, que comenzó a hacer un repaso minuto a minuto de los sucesos que ocurrieron desde la mañana en el centro porteño, según se iban impartiendo las órdenes por parte de la cúpula de la fuerza. A las 9:30 Santos dio la orden de realizar detenciones, a pesar de que en la Plaza había entre 50 y 100 personas manifestándose de forma pacífica. Para las 11:30 ya había 35 detenidos.

Domínguez identificó cuatro bloques horarios en los que la PFA utilizó la fuerza con detenciones, golpes, policía montada, camiones hidrantes y agresivos químicos, desde la mañana y hasta entrada la tarde. La fiscalía insistió en que no había ningún justificativo para efectuar esas detenciones.

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°6 -integrado por José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín- iba a reanudarse hoy, pero la audiencia fue suspendida hasta el jueves próximo a las 8 AM porque el magistrado que lo preside se encuentra enfermo. Ese día culminaría el alegato de la fiscalía con el pedido de las sanciones.