01 de diciembre de 2022
01 de diciembre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El equipo fiscal pidió condenas para todos los acusados
19 y 20 de diciembre: el veredicto se conocería el 23 de mayo
El Tribunal estableció el cronograma de audiencias en la que los imputados podrán hacer uso de las últimas palabras, por lo que su decisión deberá conocerse al término de esas jornadas. Los representantes del MPF requirieron penas de cinco años de prisión para -entre otros- el secretario de Seguridad de la Nación durante eel gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y para el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por su responsabilidad culposa en los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto, entre otros delitos.

El Tribunal Oral Federal N°6 estableció hoy el cronograma de audiencias en el que todos los acusados por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 que dejó un saldo de cinco muertos en las calles del centro de la Ciudad de Buenos Aires podrán hacer uso de las últimas palabras. Al término de la última de esas jornadas, previstas para el 25 de abril y el 9 y 23 de mayo, los magistrados darían a conocer el veredicto.

La disposición de los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín, fue dada a conocer tras las “dúplicas” llevadas a cabo entre ayer y hoy por los abogados defensores.

Pedido de condenas

El equipo integrado por los fiscales Mauricio Viera y Santiago Vismara junto a los fiscales ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, y la asistencia de Gabriel Páramos y Alejandra  Pérez, había solicitado en diciembre pasado condenas para todos los imputados: cinco años de prisión para el secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y para el entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; tres años y ocho meses para el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y tres años y medio para el director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, por su responsabilidad culposa en los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto y las lesiones –algunas de gravedad, como las causadas con balas de plomo a Paula Simonetti y Martín Galli- cometidas aquél día.

Además, la Fiscalía requirió penas para los nueve integrantes del departamento de Control de Integridad Profesional de la Policía Federal, acusados de disparar escopetas cargadas con postas de plomo contra las personas que estaban ubicadas sobre la plazoleta de la calle Cerrito, entre Sarmiento y Perón, provocándole la muerte a Márquez y las graves heridas a Galli y Simonetti. El accionar de los policías, que se desplazaban en móviles no identificables, había sido calificado en el alegato como “una especie de pelotón de fusilamiento”. En este caso, las penas pedidas fueron de 16 años para el comisario inspector Orlando Oliverio; 14 para el subcomisario Carlos José López, el sargento primero Roberto Juárez y el agente Gonzalo Firpo Castro; 12 para el principal Eugenio Figueroa y el oficial Mario Seia, y cinco años y cuatro meses para el inspector Norberto Sabbino y los auxiliares Sebastián Saporiti y Horacio Berardi, a quienes encontraron como partícipes secundarios.

Por otra parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal le solicitaron al Tribunal que le imponga a Víctor Manuel Belloni diez años de prisión por la tentativa de homicidio de Marcelo Dorado y Sergio Sánchez, en un el episodio ocurrido en la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio que casi le cuesta la vida a las víctimas.

Para el subcomisario de la Seccional 51ª, Omar Alberto Bellante, solicitaron una condena a tres años de prisión por el encubrimiento del crimen de Gustavo Ariel Benedetto. Su homicidio se produjo en las inmediaciones del cruce de la Avenida de Mayo y Chacabuco, en cercanías al entonces edificio del Banco HSBC. Finalmente, para el principal Carlos Loforte y el subcomisario Jorge Toma reclamaron penas de dos años y dos años y medio -ambas de ejecución en suspenso-  por las vejaciones cometidas durante las detenciones realizadas en los alrededores del Congreso de la Nación.