Hoy se reanudó el juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 provocó cinco muertes en el centro porteño. Estaba prevista la presencia del entonces presidente Fernando De la Rúa, pero el Tribunal Oral Federal N°6 comunicó que su declaración testimonial fue reprogramada para el miércoles 8 de julio dado a problemas de agenda del ex mandatario, que informó que el viernes asistirá a una audiencia ante la Cámara de Casación en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en el Senado.

El testimonio más importante fue el de Daniel Juan Fernández, quien a la fecha de los hechos investigados era subcomisario y se desempeñaba como jefe de la Comisaría 2ª, con jurisdicción en la Plaza de Mayo. Fernández estuvo imputado y fue convocado como testigo luego de que se confirmara su sobreseimiento de las causas que llegaron al debate oral y público.

Tras repasar los sucesos del 19 a la noche, en la que tuvo lugar el “cacerolazo”, contó que el 20 “teníamos que desalojar a la gente de Plaza de mayo”, orden que, según narró, recibieron durante la mañana.

Cuando llegó la orden vía tranking -uno de los dispositivos utilizado por la Policía Federal para comunicarse- “la situación era con 30 personas”. Sin embargo, Fernández declaró que había recibido varios llamados en su teléfono celular del “subcomisario Hayek”, quien le habría trasladado la directiva directamente del entonces jefe de la Policía Federal -y hoy acusado- Rubén Santos. Más aún, señaló que en una de esas comunicaciones telefónicas se puso al habla el propio Santos: “Tenía que desalojar sí o sí y hacer las detenciones porque estábamos en estado de sitio”, indicó ante una consulta de los representantes del Ministerio Público Fiscal Mauricio Viera, Mariano Domínguez y José Piombo. Al respecto, consideró que “lo mejor era que quede grabado”, lo que sí ocurre con el sistema tranking y no puede realizarse vía telefónica. Asimismo, explicó que al subcomisario Francisco Santos Miglino -también de la comisaría 2ª- le habían impartido la misma directiva.

En otro tramo de su exposición, rememoró que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría le ordenó al comisario inspector René Derecho que terminara con la represión. Ante una pregunta del presidente del Tribunal sobre si la magistrada había ordenado el desalojo, contestó “para nada”.

“La idea era que no permanecieran en la plaza”, continuó. Como no contaba con el personal necesario para las detenciones, entre 20 y 30 minutos después fue enviada gente “de Montada e Infantería”, que recibía, en su opinión, directivas de la Dirección General de Operaciones (DGO). En ese sentido, fue preguntado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -que interviene en el juicio como querellante- si recordaba el episodio que alcanzó a las Madres de Plaza de Mayo, cuya causa continúa en la etapa de instrucción. Al respecto, indicó que “se abalanzó con animales sobre las personas” y “todo estaba siendo monitoreado”. “En lo personal no estoy de acuerdo con el proceder”, señaló. “Primero está la persuasión, más cuando hay personas mayores”.

Por otra parte, manifestó no recordar el inicio de actuaciones policiales que incluyeran al hoy Secretario General de la Presidencia Eduardo De Pedro, pero en cuanto a la nómina de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, dijo que se dispuso su libertad frente a Servini de Cubría.