El equipo fiscal desarrolló hoy las réplicas a los alegatos de las defensas, en el marco del juicio por la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 dejó un saldo de 5 muertos en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 9:30 de la mañana y hasta pasado el mediodía, los representantes del Ministerio Público Fiscal postularon el rechazo de todas las nulidades y planteos interpuestos por los abogados de los acusados, entre los que se encuentran los entonces secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov; el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; el superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, además de otros 13 integrantes de esa fuerza.

Las réplicas comenzaron ayer con la exposición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en cabeza de Rodrigo Borda, y continuaron hoy con Juan Carlos García Dietze, ambos en representación de las querellas. Luego fue el turno del equipo que integran los fiscales Mauricio Viera y Santiago Vismara junto a los fiscales ad-hoc Mariano Domínguez y José Piombo, y la asistencia de Gabriel Páramos y Alejandra  Pérez. Uno a uno, los representantes del MPF enumeraron y fundamentaron el rechazo a los numerosos planteos interpuestos por las defensas, por lo que le solicitaron a los jueces José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín que los rechace.

Tras ello, Viera resaltó que durante los alegatos defensistas “hubo provocaciones y calificaciones carentes de toda seriedad” que, sin llegar a plantear la nulidad del alegato fiscal, “consideraron que no se tuvo en cuenta la totalidad de la prueba” y que se habría incurrido en arbitrariedad. Al respecto, el fiscal señaló: “Este equipo fiscal analizó y ponderó la totalidad de las pruebas, desde la sana crítica racional. Se aludió siempre a prueba válidamente incorporada”, con cita a las fojas, fecha y fuente de dónde provenía. “No podemos decir lo mismo sobre algunas defensas”, aseveró.

Por otro lado, el fiscal recordó que el equipo que encabeza tuvo por acreditados los hechos y la responsabilidad de los acusados, lo que en el alegato de diciembre pasado llevó al pedido de condenas para todos ellos. Eso, precisó, “no implica que no se haya obrado con objetividad. Las defensas sólo ponen de manifiesto su desacuerdo y disconformidad con las valoraciones. Eso no permite de modo alguno sostener el incumplimiento del artículo 69” del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “los representantes del ministerio fiscal formularán, motivada y específicamente, sus requerimientos y conclusiones”. En ese sentido, añadió: “ninguna duda cabe que este equipo de trabajo, al que tuve el privilegio de encabezar, se atuvo al rol constitucional”  asignado al organismo.

Al continuar con las palabras de desagravio -“que no tengo por costumbre utilizar”-, Viera manifestó que durante las últimas audiencias se escucharon “las más diversas descalificaciones al trabajo de este equipo, en desmedro de los hechos del juicio. Quizás la respuesta a ello sea que esos mismos defensores no encontraron mejores argumentos contra nuestras acusaciones”. Finalmente, la fiscalía adhirió a lo dicho ayer por el CELS respecto al “trato inapropiado y ofensivo” que las defensas “le han propinado a los testigos”, muchos de ellos víctimas de los sucesos ventilados a lo largo de más de dos años de debate oral y público.

A fines del año pasado, la fiscalía había solicitado 5 años de prisión para Mathov y Santos; 3 años y 8 meses para Andreozzi; y 3 años y medio para Gaudiero. Además, requirió penas de hasta 16 años para los policías identificados como los autores del homicidio de Alberto Márquez, entre otros delitos.

Los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes próximo a las 8:30, jornada en la que tendrán lugar las dúplicas.