Tal como señaló Krasucki, la causa se había remitido a la fiscalía a su cargo el miércoles pasado por el Juzgado de Instrucción n° 25. Ese día se ordenó a la Comisaría 40 que continuara con las medidas dispuestas por el titular de la Fiscalía de Instrucción n° 5, quien había intervenido en un primer momento. De esta manera, se realizó un inventario de los bienes existentes en la vía pública que pertenecerían a Carmen Da Rosa, los cuales habrían sido arrojados a la calle por el hombre que usurpó el inmueble, así como también se dejó una consigna en el lugar con el objetivo de salvaguardar esos bienes.
Otra de las medidas fue el pedido a la policía para que identificaran a todas las personas que ingresaban y salían del inmueble ubicado sobre la Avenida Rivadavia, en el barrio de Villa Luro. En caso de que observaran que se retiraba algo, los oficiales debían consultar y dejar constancia de qué era lo que se retiraba.
El mismo día se indicó a la comisaría que en caso de que la denunciante y su familia continuaran en situación de calle, se dispusieran los medios necesarios para que fueran trasladados a un refugio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También se dio intervención a la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración General de la Nación para que les brindaran contención y asesoramiento.
El sábado 1° de junio, personal de la comisaría se presentó en el lugar donde se encontraban los denunciantes. Ellos comentaron que no deseaban ser trasladados a ningún hotel ni querían que sus pertenencias fueran guardadas en un depósito. De todas maneras se contactó al servicio que el Gobierno de la Ciudad presta a través del número telefónico 108. A raíz de esa comunicación, el operador dijo que enviaría un móvil para entrevistar a los afectados.
Por otra parte, desde el 30 de mayo, en virtud de las amenazas del usurpador y del hecho de que la denunciante señaló que también además tendría armas de fuego, se solicitó al juzgado que allanara la casa. El objetivo era el secuestro de las armas de fuego que se encontraran, así como también que el juez llevara a cabo cualquier otra tarea que considera oportuna en base a la denuncia de Da Rosa. El allanamiento se realizó pero no se secuestraron armas ni ninguno de los otros elementos denunciados.
Momentos después de esa presentación, la fiscalía recibió un escrito de Da Rosa en el cual solicitaba, entre otras cosas, ser tenida por parte querellante, el allanamiento del domicilio, el secuestro de las armas de fuego, y la expulsión del imputado. Este escrito fue girado al juzgado de inmediato.
Ese mismo jueves 30, el juzgado aceptó como querellante a Da Rosa. Tras determinar que el hombre denunciado no tenía autorización del RENAR para tener armas de fuego, al día siguiente, 31 de mayo, ordenó que se realizara el allanamiento del domicilio para secuestrar el arma y otros elementos detallados en la denuncia. Asimismo, el juez aclaró que no ordenaba el desalojo del imputado por encontrarse en trámite dos expedientes en la órbita civil. En uno de ellos, justamente se discutía la ocupación del lugar, por lo que debía dilucidarse por esa vía.
Finalmente, en el día de ayer, la fiscalía recibió de nuevo la causa. En ese momento, la parte querellante insistió en el desalojo de Jiménez, por lo que en el día de hoy se solicitaron los dos expedientes que se encontraban en el fuero civil y se remitió la causa al juzgado. Allí, la fiscal Krasucki señaló al juez que si se acreditaba que en los expedientes civiles no se hacía referencia a la vivienda de Av. Rivadavia, para la fiscalía el magistrado estaba facultado para hacer lugar al desalojo pedido. La fiscal entendió que esto podría realizarse en función de lo que surgiría de las fotocopias del contrato de locación agregado en la causa, reconocido por el locador, y que personal de la fiscalía pudo corroborar.
Sin embargo, también en el día de hoy, el juzgado resolvió rechazar el desalojo solicitado. Para esto, sostuvo los mismos argumentos que motivaron el rechazo anterior.