El fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de Morón, Leonel Gómez Barbella participó ayer de una recorrida por la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales “Fiorito”, que la empresa AySA tiene a la vera del Río Matanza, en la localidad bonaerense de Lanús. La inspección, dirigida por el titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, Jorge Rodríguez, se realizó en el marco del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, por la contaminación ambiental de la cuenca Río Matanza – Riachuelo.

Antes de la recorrida, el fiscal Gómez Barbella y el juez Rodríguez se reunieron con las autoridades del establecimiento de la empresa pública, que aún se encuentra en construcción, quienes detallaron con videos, fotografías, imágenes y planos las tareas y estructuras a desarrollar para el tratamiento que se le dará al agua en ese predio, a fin de incorporar a 300000 personas a la red cloacal, con la expectativa de duplicar la cifra en el futuro.

Durante la visita al predio ubicado en el Camino de la Rivera del barrio Villa Fiorito del partido bonaerense de Lanús, también participaron el presidente y el vicepresidente Ejecutivo de la ACUMAR, Jorge Calzoni y Sergio Stamilla; el presidente de AySA, Carlos Ben; el viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Jantus; el intendente de Lomas de Zamora, Santiago Carasatorre, y el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez. También, acompañaron funcionarios del Ministerio Público Fiscal, del Poder Judicial de la Nación, de la justicia provincial y de los municipios de Lomas de Zamora y Lanús.

Actualmente, 100 personas trabajan en el reacondicionamiento de la planta. Se estima que a fines de 2015 logre brindar un adecuado tratamiento de las aguas para que los vecinos cuenten con cloacas y cumplir con el saneamiento de la cuenca.

Según informaron las autoridades de AySA, la empresa tiene previsto que 1.800.000 vecinos se sumen al acceso de las redes cloacales y 2.000.000 de personas se integren a la red de agua potable en todos los municipios que se encuentran en la órbita de la cuenca, en el marco de la ejecución del fallo del máximo tribunal.