Una serie de allanamientos se realizaron el miércoles pasado en localidades del partido bonaerense de General Alvarado en el marco de una investigación de la Unidad Fiscal Mar del Plata por la presunta falsificación de documentos y la distribución de agua no potable en el polo educativo de la localidad de Mar del Sud, conformado por una escuela secundaria, una primaria y un jardín de infantes.

La investigación es dirigida por el fiscal federal Carlos Martínez, de la mencionada unidad fiscal y, bajo sus directivas, los procedimientos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina.

El caso

La pesquisa se inició hace cuatro meses a partir de la denuncia del padre de un alumno de una escuela primaria por la posible contaminación del agua. Durante el año pasado, las familias habían advertido cuadros de gastroenteritis en sus niños, niñas y adolescentes, lo que llevó a la cooperadora a requerir a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua, en la previa el inicio del ciclo lectivo 2025.

El resultado, conocido el pasado 5 de marzo, indicaba que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli, lo que indica posible contaminación fecal, y pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud.

De acuerdo a lo que reconstruyó la fiscalía, ese informe fue comunicado a las autoridades educativas que suspendieron un día las clases y citaron a los familiares a una reunión el 7 de marzo. En el encuentro, autoridades del Consejo Escolar de General Alvarado exhibieron dos análisis con membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) que certificaban la la potabilidad del agua, correspondientes a 2024 y 2025, con la firma de una perito química.

Frente a ello, el padre de un alumno de primaria se acercó el 22 de abril pasado a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP para dialogar con la profesional que supuestamente había firmado los informes que habilitaban el consumo del agua del pozo de las escuelas. La perito le explicó que ninguno de los dos había sido firmado por ella. Esto llevó a la presentación de una denuncia en el Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que tiene a su cargo el fiscal Martínez.

Una investigación de cuatro meses

Con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y Victoria Piro, junto al equipo de trabajo del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, que también conduce Martínez, tres días después se solicitaron diversas medidas de prueba, que incluyeron un registro domiciliario y el secuestro de teléfonos y computadoras del, hasta ese momento, único imputado en la causa: una persona que sería contratista del Consejo Escolar de General Alvarado, dedicado a la limpieza de tanques y toma de muestras de agua en distintos establecimientos de Miramar y la zona.

También se libraron órdenes de presentación en las direcciones de las escuelas afectadas y en la sede del Consejo Escolar con asiento en Miramar, donde se solicitó toda la documentación obrante en sus registros con relación a los análisis de potabilidad del agua del predio investigado, como también las actas labradas en reuniones con autoridades educativas y/o familias, vinculadas a la temática.

A raíz del material colectado, que incluye transcripciones de mensajes y audios entre ellos, se avanzó con la investigación de otras cuatro personas, que tienen cargos funcionales dentro del Consejo Escolar de General Alvarado. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que la situación del agua era conocida por las autoridades, y aún así, utilizaron el documento del contratista a pesar de saberlo apócrifo.

El avance de la investigación derivó en los allanamientos realizados el último miércoles, ocasión en la que se secuestró abundante material documental y los teléfonos celulares de los investigados, que serán sometidos a una extracción forense por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF, para analizar su información y continuar la investigación.

A su vez, miembros de la Unidad Fiscal Mar del Plata, del Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, recibieron en Mar del Sud declaraciones testimoniales a personal de los establecimientos educativos afectados.