28 de marzo de 2024
28 de marzo de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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"Intimidación publica" es un delito que prevé de dos a seis años de prisión
Amenazas de bomba en escuelas: confirmaron el procesamiento de una empleada de un establecimiento
La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ratificó lo ordenado por el Juzgado Federal N°6 en la investigación llevada adelante por la fiscalía a cargo de Miguel Osorio. En la causa, se investigan 14 llamadas realizadas por una mujer contra la escuela terciaria de Bellas Artes Manuel Belgrano.

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el 7 de agosto pasado el procesamiento contra una mujer acusada de realizar llamadas con amenazas de bomba. La decisión había sido tomada por el juez Rodolfo Canicoba Corral en base a la investigación realizada por la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Miguel Osorio. "Intimidación publica" es el delito que se le imputa a un ex empleada de la Escuela Terciaria de Bellas Artes Manuel Belgrano ubicada en la calle Wenceslao Villafañe 1342, del barrio porteño de Barracas. La imputación prevé una pena de entre dos y seis años, según consta en el artículo 211 del Código Penal de la Nación.

El juez había fijado, además, un embargo sobre los bienes de la mujer por 5000 pesos. La defensa oficial apeló ambas decisiones, ya que entendía que no existían "elementos de cargo suficientes" e impugnó el embargo por considerarlo "elevado". Pero la Sala I de la Cámara Federal consideró que sí se reunían pruebas suficientes para sostener el procesamiento aunque redujo la cifra a 2500 pesos.

La causa

El expediente se inició en mayo de 2013, cuando le fue remitida desde el 911 a la Fiscalía una amenaza de bomba realizada contra en el establecimiento. En el reporte policial figuraban sin demasiado detalle otros llamados recibidos por la institución, por lo que se solicitó que se remitieran la totalidad de las comunicaciones y desde dónde se habían efectuado. También, se citó a los directivos.

Cuando se recibió la información, se verificó que había coincidencias entre los llamados: los siete audios obtenidos provenían de seis teléfonos públicos que rodeaban el establecimiento. Además, se comprobó que eran realizadas en un mismo horario, en un circuito de pocas cuadras y con la voz, distorsionada, de una mujer. Siempre, se utilizaban las mismas palabras: "bomba, zurditos, Villafañe y Azara". En una ocasión, hasta se refirió al "comando Seineldín", en alusión al militar que participó del alzamiento militar carapintada contra el gobierno de Carlos Menem, en 1990: "va a explotar una bomba, va contra el liberalismo de izquierda organizado”.

En julio de 2013, los directivos declararon en la Fiscalía y manifestaron su preocupación por las amenazas ya que "tenían una frecuencia semanal insoportable para el dictado de clases". También, que era la primera vez que alguien de la administración de justicia los llamaba. En base a esta declaración, se solicitó que se filmen todos los días de 19:00 a 19:30 horas los teléfonos públicos utilizados.

Pero, desde que declararon los directivos, se suspendieron las intimidaciones telefónicas durante aproximadamente dos meses, lo que hizo suponer que quién realizaba las amenazas era una persona de la comunidad escolar. Por esto, se estableció una consigna policial en los teléfonos públicos los días hábiles, entre las 19:00 y las 19:30. Finalmente, a través de las filmaciones y de los efectivos, se pudo determinar que la persona que realizaba las llamadas trabajaba como "modelo vivo" para las materias de escultura y dibujo de la escuela.

En la resolución de la Cámara se detalló que uno de los policías observó directamente como la imputada realizaba la llamada y luego iba hasta la escuela, a la que estaban evacuando como consecuencia del supuesto "artefacto explosivo". Los jueces destacaron, además, el peritaje realizado a las comunicaciones, de donde surge que es "altamente probable" que las voces se correspondan entre sí.