03 de octubre de 2022
03 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Por el desvío en la investigación del atentado
AMIA: confirmaron el procesamiento del juez Federico Domínguez
La Sala I -ad hoc- de la Cámara Federal también ratificó el procesamiento del ex comisario Luis Vicat y de la abogada defensora María Parascándalo. El tribunal consideró que la actuación de los tres imputados tuvo como finalidad incriminar falsamente a los policías bonaerenses. Intervinieron los fiscales federales Sabrina Namer y Roberto Salum, a cargo de la UFI-AMIA.

La Sala I -ad hoc- de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de Federico Guillermo Domínguez -abogado defensor de uno de los imputados de la causa AMIA, luego  funcionario de la Secretaría de Seguridad provincial y actualmente juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires-, de Luis Ernesto Vicat -ex comisario inspector de la policía bonaerense y titular del “Área Especial” de esa fuerza-, y Marta Nélida Parascándolo, también defensora de uno de los entonces acusados por el atentado. La resolución había sido dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, al considerarlos como autores penalmente responsables del delito de coacción previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.

El fallo del tribunal de alzada se dictó tras la audiencia celebrada el 4 de marzo pasado, a la que asistieron los fiscales federales a cargo de la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum, para respaldar y mejorar los fundamentos de la decisión del juez de primera instancia que decretó el procesamiento sin prisión preventiva de los acusados.

La Cámara analizó la responsabilidad penal de los imputados, considerando, por un lado, la situación procesal de Domínguez, Vicat y Parascándolo, -procesados en calidad de autores-, y valorando sus intervenciones en particular. En los casos denominados “Barreda”, “Huici”, “Araya” y “Maisú” -en referencia a los hechos que damnificaron a cada uno de una de las víctimas que en aquel entonces estaban detenidas por orden de Juan José Galeano, en el marco de la causa que investigaba el atentado contra la sede de la AMIA-, el tribunal consideró suficiente el material probatorio para justificar la intervención directa, el conocimiento de la maniobra global de desvío de la investigación y la responsabilidad penal de los imputados.

En ese contexto, desestimó los argumentos de las defensas en cuanto intentaron evadir sus responsabilidades alegando simples intervenciones en la causa como abogados defensores, sin facultades procesales ni legales para ocasionar el daño que las víctimas invocan. Por el contrario, los camaristas consideraron que la sola función que desempeñaba el imputado Domínguez en ese entonces -como funcionario de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires-, es un ejemplo elocuente si se tiene en cuenta que la fuerza policial dependía funcionalmente de aquélla.

Además, el tribunal sostuvo que la actuación de los tres imputados fue una participación coordinada en el despliegue de acciones dirigidas a lograr la finalidad propuesta: incriminar falsamente a los policías bonaerenses para responsabilizarlos por el atentado a la sede de la AMIA -fundamentalmente al ex comisario Juan José Ribelli-, ofreciendo como contrapartida ciertos beneficios como dinero, mejoramientos de sus situaciones procesales en la causa y hasta la posibilidad de recuperar su libertad, todo con el conocimiento del entonces juez Galeano, a cargo de la investigación.

Finalmente, la Cámara aludió a más pruebas, entre las cuales citó testimonios de ex jefes de la fuerza policial, irregularidades en sumarios administrativos y en la sustanciación de legajos formados por el propio Galeano, que no hicieron más que corroborar todo lo que los entonces imputados, que ahora son víctimas, venían denunciando: las permanentes intimidaciones, aprovechándose de su situación de encierro, para que declararan en el sentido buscado por quienes dirigían el desvío de la investigación.

Juicio oral
Durante el juicio oral por el encubrimiento que desde el año pasado se celebra en los tribunales federales de Retiro, el propio Maisú apuntó contra Vicat; Huici contra Domínguez, en tanto otro ex policía aseguró que “la cadena de responsabilidades fue el gobierno de turno, Galeano y Vicat”.