03 de octubre de 2022
03 de octubre de 2022 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Continúa el juicio por el encubrimiento y desviación de la investigación del atentado
AMIA: declararon un testigo y un ex policía que participaron en los allanamientos a Kanoore Edul
Se trata de Daniel Francica y Claudio Camarero. En julio de 1994, el ex juez Galeano había ordenado procedimientos en tres domicilios vinculados a Kanoore Edul, con el objetivo de secuestrar documentación, explosivos o cualquier otro elemento que aporte a la pesquisa.

En los tribunales federales de Retiro se reanudó el debate por el encubrimiento y la desviación del  atentado a la AMIA, con la presencia de Daniel Francica y Claudio Camarero, quienes participaron del allanamiento a la casa de Kanoore Edul, El primero de ellos declaró en carácter de testigo del procedimiento y el segundo, para ese momento, prestaba funciones como policía federal dentro de la División Protección del Orden Constitucional (DPOC). La audiencia comenzó a las 10:30 horas de la mañana y finalizó pasado el mediodía. En representación del Ministerio Público estuvieron presentes los fiscales Roberto Salum y Sabrina Namer, y los fiscales ad hoc Miguel Yivoff y Fernando Comparato.

En julio de 1994, el ex juez federal Galeano había ordenado allanar tres domicilios de la calle Constitución con la finalidad de secuestrar documentación, explosivos o cualquier otro elemento que aporte a la investigación que se estaba llevando adelante por el atentado a la mutual judía. Según el primer testigo en declarar, Camarero, dos de los procedimientos fueron “positivos” –donde se detuvo a Kanoore Edul- y otro resultó “fallido”.

Claudio Camarero habló cerca de tres horas, y el primero en realizar preguntas fue la Unidad Fiscal AMIA, luego continuaron las seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y el Ministerio de Justicia. Mas tarde siguieron las defensas. El testigo dejó en claro que se acordaba poco de los hechos pero pudo afirmar que en los dos procedimientos que participó “se buscaba todo lo vinculado al atentado”, y que Carlos Salomone –para ese entonces Principal de Delitos Operativos Federales- participó de los allanamientos.

A preguntas del fiscal ad hoc Miguel Yivoff sobre la organización de los procedimientos, el testigo refirió no recordar si fueron de noche o de día, contó que fueron vestidos de civil, no usaron chalecos identificatorios ni autos de la policía. Asimismo, señaló no recordar si fueron simultáneos los procedimientos, pero remitiéndose a su experiencia, explicó que en casos como éstos, donde se tienen que allanar dos o más domicilios, se hacen al mismo tiempo. Sobre este punto, también opinó Daniel Francica, el segundo en declarar y quien fue el testigo de los procedimientos. Al respecto, dijo que no fueron simultáneos y afirmó que participó de ambos.

La blanquería, según Camarero, fue el primero de los domicilios de Constitución allanado y el más largo. Sobre el segundo el testigo no dio demasiados detalles, sólo señaló que llegó al lugar cuando el procedimiento ya había comenzado, y del tercero dijo que “fue fallido”. Sobre este punto, el testigo Francica recordó  y agregó  que en la blanquería detuvieron a Kanoore Edul y que en Constitución al 2600 –donde resultó fallido el tercer procedimiento- había casas.

Los jueces del tribunal dispusieron un cuarto intermedio hasta el jueves 26 de mayo donde se espera que declaren Carlos Salomone, Ángel Ramírez y Jorge Horacio  González.

En la audiencia de ayer comenzaron a declarar testigos en el marco de “La pista Kanoore Edul”. En su momento,  los fiscales federales Alberto Nisman y Carlos Cearras solicitaron la elevación a juicio de una cantidad de hechos delictivos que habrían sido llevados adelante por varios funcionarios públicos, en el marco de la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, el 18 de julio de 1994. Puntualmente, acusaron a Menem, Galeano, Anzorreguy, Anchezar, Castañeda y Palacios por maniobras de encubrimiento con el fin de abortar las investigaciones en curso sobre la denominada “pista Kanoore Edul”. Para Nisman y Cearras quedó acreditada la existencia de una deliberada maniobra que tuvo como finalidad “proteger, encubrir y proveer impunidad a Alberto Jacinto Kanoore Edul -entre cuyos contactos se encontraba Mohsen Rabbani, ex Consejero Cultura de la embajada de la República Islámica de Irán, con pedido de captura internacional por su participación en el atentado del 18 de julio de 1994-, sujetos que desde el comienzo mismo de las investigaciones del atentado aparecían fuertemente sospechados de haber tomado parte del hecho terrorista”.

Asimismo,  Nisman y Cearras señalaron que el ex juez Galeano tuvo el control del hecho, por haber sido el director del proceso que tenía como finalidad investigar el atentado a la sede de la AMIA y en cuyas manos estaba la decisión de que “a la pesquisa se le imprimiera el rumbo debido, distinto al que finalmente tuvo”. Además, resaltaron que el comportamiento del ex magistrado no hubiera sido tal si el entonces presidente Menem no hubiera ordenado que “debía favorecer a Kanoore Edul”. En este sentido, refirieron que se necesitó de la ayuda de otras personas: Jorge Palacios, por aquél tiempo comisario de la División Operaciones Federales, y Carlos Castañeda, del Departamento Protección del Orden Constitucional (DPOC). Ellos eran los encargados de llevar adelante los allanamientos a los domicilios de Kannoore Edul, ubicados en la calle Constitución 2633, 2695 y 2745 de la Capital Federal. Sin embargo, se concretaron de forma irregular o directamente no se hicieron. Inclusive se detectaron dos llamadas de un celular a nombre de Palacios a los domicilios que debían allanarse.

Por estos hechos están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, el entonces juez federal Juan José Galeano y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda.