La causa se inició por una denuncia del Equipo Penal de la Subgerencia de Asuntos Contenciosos de PAMI. Allí se puso en evidencia que los abogados Juan Cruz Masetti y Débora Lorena Salomone habían iniciado demandas laborales contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, patrocinando a agentes fallecidos con anterioridad a la fecha de presentación.

Posteriormente, la unidad Ffscal de la Procuración General que investiga los delitos cometidos en el ámbito del PAMI amplió la denuncia contra los letrados al detectar casos en los que se habrían utilizado poderes falsificados de agentes de la Obra Social. Con esos poderes, buscaban legitimar su actuación profesional contra el Instituto en el marco de varios procesos laborales.

A raíz de las presentaciones que efectuaron, sin el conocimiento y/o autorización de los empleados, Masetti y Salomone habrían inducido a error a los jueces intervinientes en esos expedientes. Gracias a esos errores, los abogados obtuvieron sentencias judiciales en su favor y de los aparentes litigantes, pero en perjuicio del patrimonio de la entidad pública.

Con toda la prueba reunida, se pidió el procesamiento, al que el juez de instrucción hizo lugar y que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó. En este sentido, el tribunal consideró a Masetti y a Salomone autores del delito de estafa procesal en concurso ideal con el de uso de documento público falso. Ahora, ambos letrados están a la espera de las próximas medidas que solicite el fiscal, entre las que se puede encontrar el pedido de elevación a juicio.