La Fiscalía Federal Nº 6, a cargo de Federico Delgado, apeló la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que dispuso el pase a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires de una causa por posible incompatibilidad de cargos por parte de un funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) . El representante del MPF consideró prematura la decisión del  magistrado ya que entendió que no fueron materializadas todas las medidas de prueba que permitirían reconstruir los hechos.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en agosto pasado por la legisladora Graciela Ocaña, quien señaló una presunta incompatibilidad de funciones por parte de Claudio "Chiqui" Tapia, quien además de prestar funciones en el CEAMSE también figuraría como empleado de la empresa IMPSA ambiental, que debe ser controlada por la primera. Es decir, el imputado mantendría cargos en dos empresas vinculadas normativa y contractualmente. Tapia, quien además es titular del club de fútbol Barracas Central, habría designado a dirigentes de equipos de fútbol del ascenso dentro del CEAMSE, para luego conseguir votos en su posible candidatura en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La denuncia refirió que el imputado estaría ocupando el cargo de Coordinador General de la Unidad de Inspección del CEAMSE y, al mismo tiempo, sería empleado de IMPSA AMBIENTAL SA, firma que conformaba la Unión Transitoria de Empresas denominada INTEGRA, dedicada a la recolección de residuos sólidos urbanos y el barrido de la vía pública.

Ocaña explicó en relación al trabajo de Tapia en el CEAMSE,  “habría gestionado la designación de Fabián Lovato - Presidente del Club Atlético San Telmo-,  de Jorge Milano-Presidente del Club Villa Dálmine- y de Francisco Javier Marín , -Vicepresidente 1º del Club Atlético Acassuso- , quienes ocupaban distintos cargos en mesas directivas de la Asociación del Fútbol Argentino”. Los  nombramientos habrían tenido por finalidad  conseguir apoyo para su futura candidatura como Presidente de la AFA.

En el requerimiento de instrucción, el fiscal Delgado solicitó varias medidas de prueba a partir de las cuales se logró recopilar “contratos entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la firma IMPSA AMBIENTAL SA, con fecha 28 de enero de 2014, donde se adjudicó la prestación del servicio público de higiene urbana (…)”. Luego de ello, el juez de la causa sostuvo que las actuaciones devenían  de contrataciones y/o convenios con la ciudad, y que deberían tramitarse en dicha jurisdicción.

En este sentido, el representante del MPF consideró prematura la decisión del  magistrado ya que no fueron materializadas todas las medidas de prueba que permitirían reconstruir los hechos, principalmente en lo relativo al rol del imputado como “artífice de varios favores a distintos dirigentes de clubes de ascenso del fútbol argentino, para ganarse su lealtad y que las decisiones tomadas en el seno de la Asociación de Fútbol Argentino sean compatibles con su voluntad política”.