El fiscal federal Leonel Gómez Barbella apeló la decisión de negarle la prisión domiciliaria a una mujer con cinco niños y niñas menores de edad, cuyas necesidades básicas han sido perjudicadas por estar exclusivamente bajo su crianza. Además, le dio intervención en el caso al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del Ministerio Público Fiscal para brindar acompañamiento profesional al núcleo familiar. El recurso fue interpuesto por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 luego de la resolución del juez Claudio Bonadío, quien había rechazado la solicitud por considerar que la edad de los hijos (16, 14, 12, 10 y 8 años) no encuadra dentro del parámetro de la ley de ejecución penal, que establece que es hasta cinco años. Para Gómez Barbella, una adecuada lectura de la norma “permite prescindir el límite etario allí establecido en pos del interés superior del niño, el derecho a crecer y desarrollar la personalidad en el seno familiar y el principio pro homine”.

El representante del Ministerio Público tuvo en cuenta los informes sociales, que dieron cuenta que el “debilitamiento del vínculo materno filial resulta evidente e impacta de manera notoria en los niños, dado que éstos no han vuelto a tener contacto con su madre desde el día de su detención más que por vía telefónica”. A eso, se suma que de la crianza no se encarga otra persona más que la madre, ya que la pareja no puede hacerlo porque trabaja fuera del hogar. La situación actual del grupo familiar muestra dificultades que atentan contra sus necesidades básicas, ya que se verificó que los hermanos no poseen sus documentos nacionales de identidad, lo que les impediría su atención médica en los Hospitales Públicos de la ciudad. En ese mismo sentido, también se constató la falta de piezas dentales, escoriaciones y la necesidad de ortodoncia para los niños y niñas.

“La decisión contra la que aquí se embiste no solo no alivia las dificultades, sino que, por el contrario, las robustece y debilita los intereses fundamentales de los niños, aquellos por los que se tuvo en mira en la Convención de los Derechos del Niño”, señaló Gómez Barbella. El tratado internacional establece que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una condición primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

El fiscal también citó jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, que en un fallo sobre un caso similar expresó que “ocurre una innegable tensión entre los derechos propios de la niñez y el fin de asegurar los fines del proceso, siendo misión de los jueces arribar a soluciones que sin desatender el marco normativo impuesto por los órganos del Estado pertenecientes, procuren armonizar ambos intereses”.  En esa línea, el representante del Ministerio Público consideró “por demás acreditada la necesidad del retorno del lazo entre los menores y su madre”. Finalmente, descartó la posibilidad de que se produzca el entorpecimiento de la investigación -tal como afirmó Bonadío-, ya que las diligencias en trámite y por realizarse no correrían ningún peligro “en virtud de que se han secuestrado los elementos de prueba indispensables para que el expediente continúe su corriente desarrollo”.

Intervención de ATAJO

Por otra parte, el Gómez Barbella expresó en un manifiesto que cuando se resolvió el fondo del asunto, el magistrado no se expidió sobre su sugerencia de darle intervención al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, con la intención “a de brindarle, a quienes tengan a su cargo el cuidado de los menores, un acompañamiento profesional tendiente a posicionarlos en la búsqueda de estrategias que permitan encarar con celeridad necesidades básicas postergadas”.

Por eso, la Fiscalía tomó contacto con ATAJO “a fin de que evalúe la posibilidad de intervenir en el presente caso”.