El fiscal federal Leonel Gómez Barbella presentó un recurso de apelación contra un fallo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora mediante el cual no se hizo lugar al pedido de ampliación de declaración indagatoria  a un hombre acusado de explotar laboralmente al menos a una víctima, en un campo dedicado a la venta de lechones.

El imputado se encuentra procesado con prisión preventiva por haber sometido al menos a un trabajador a condiciones de vida infrahumanas. La víctima debía alojarse en un ómnibus en desuso, sin baño ni acceso a agua potable y no contaba con electricidad. Asimismo, no tenía acceso a asistencia sanitaria ni a sistema de protección alguno, dormía sobre una plancha de goma espuma en el mismo lugar utilizado para almacenar agroquímicos nocivos para la salud. Además, la víctima denunció malos tratos y amenazas por parte de su empleador.

Los hechos habrían ocurrido en un predio rural ubicado en la localidad bonaerense de Cañuelas desde una fecha que no pudo determinarse hasta el 21 de julio de 2015.

El 11 de agosto, el fiscal solicitó el procesamiento del imputado con prisión preventiva, la cual fue dispuesta por el Juzgado. Posteriormente, el representante del MPF le solicitó al juez la ampliación a indagatoria y que la imputación abarque el haber participado en la captación, traslado, recepción y acogimiento de una segunda víctima en situación de vulnerabilidad en el mismo predio rural. Sin embargo, el juzgado resolvió no hacer lugar al pedido.

Finalmente, el fiscal insistió en ampliar la indagatoria del imputado “entendiendo que se encuentran reunidos los requisitos para llevar adelante la medida sugerida, más aún  cuando la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata consideró en su resolución” que no se trataba de una sola víctima en la causa, sino que también entendió que había otro hombre que se encontraba en la misma situación.

El fiscal contó con la colaboración permanente  de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Origen del caso

Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia anónima recibida el 13 de julio de 2015 en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea) que  derivó en una inspección ocular en el predio rural denunciado. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de julio por parte de representantes de ese organismo y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En esa oportunidad, se pudo constatar la presencia de dos trabajadores. Uno de ellos indicó que pernoctaba en el interior de un ómnibus en desuso junto a grandes cantidades de agroquímicos y en pésimas condiciones de salubridad e higiene: sin baños, estufa, agua potable, cocina ni energía eléctrica. A su vez, dijo que debía dormir sobre una plancha de goma espuma y aseguró que cobraba 50 pesos por semana por sus tareas.

Asimismo, ambos trabajadores indicaron que no se encontraban inscriptos en ningún organismo laboral ni de seguridad social y que realizaban sus tareas en pésimas condiciones, sin protección alguna. Finalmente, ese día, se hizo presente el imputado que, luego de que le explicaran el motivo de la presencia del personal de ambos organismos, se ofuscó con los inspectores.

Como consecuencia, al día siguiente de este procedimiento, se realizó la denuncia en la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Gómez Barbella, quien el mismo día solicitó la orden de allanamiento en el predio rural -medida que fue ordenada por el juzgado y que se llevó a cabo el 21 de julio-, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de iniciar una investigación patrimonial respecto del empresario.

En su declaración, la víctima que residía en el colectivo en desuso detalló que trabajaba en el campo de lunes a lunes pero los domingos “un poco menos” y que su tarea consistía en alimentar ganado. Asimismo, agregó que el agua para beber la obtenía de un molino, que para ir al baño tenía que ir “a escondidas”  en el campo y que para higienizarse tenía que ir al telepeaje donde lo dejaban usar los baños. Si  bien dijo que trabajaba desde febrero de 2015, un testigo declaró que el hombre concurre al baño del telepeaje hace 13 años.

Por su parte, la otra víctima detalló que trabajaba como encargado del campo y que tenía a su cargo el cuidado de animales, el barrido de alambrados y demás tareas para mantenimiento del predio. Añadió que trabajaba de lunes a sábados, que vivía en una pieza “de tres por cuatro” con un baño “afuera de la vivienda”  y que cobraba 800 pesos por semana.

Los dos empleados denunciaron, además de las malas condiciones laborales en las que se encontraban, malos tratos y amenazas por parte de su empleador.