26 de septiembre de 2020
26 de septiembre de 2020 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El fiscal general Diego Luciani intervino en el juicio
Casa de la Moneda: Armando Gostanián fue condenado a cinco años de prisión por el pago de sobreprecios
El Tribunal Oral Federal N°4 encontró culpable del delito de peculado al ex presidente de la institución, junto a otros dos ex funcionarios y al agente comercial de la empresa alemana a la que se le adquirían los bienes. En sintonía con lo pedido por el representante del MPF, los jueces también ordenaron el decomiso del dinero, que supera el millón de dólares.

El presidente de la Casa de la Moneda entre 1989 y 1999, Armando Gostanián, fue condenado hoy a cinco años de prisión por el pago de sobreprecios que retornaban como comisiones en compras realizadas a una empresa alemana. El Tribunal Oral Federal N°4 también dispuso penas de tres años a los entonces vicepresidente y director de la institución, Juan Carlos Kalfaián y Rubén Chorbadjián, respectivamente, y dos, para al agente comercial Jorge Molina. Asimismo, dispuso el decomiso del dinero, que supera el millón de dólares.

El fiscal general Diego Luciani había remarcado en su alegato que se trató “de un grave hecho de corrupción” y solicitado condenas similares a las dictadas por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel y la devolución de las sumas involucradas a las arcas del Estado. En ese sentido, señaló entonces que los imputados, desde su rol -Gostanián, Kalfaián y Chorbadjián como coautores y Molina como partícipe primario-, a través de negociaciones previas a las compras realizadas por la Casa de la Moneda definieron precios entre un 40 y 50 por ciento mayores a los previstos, diferencia que retornaría a ellos. Para ello, se valieron de seis procedimientos administrativos de aparente normalidad, que eran aprobados por el Directorio que los propios funcionarios conformaban.

En la lectura del veredicto, los magistrados informaron el rechazo al planteo de prescripción de la acción penal y a un informe pericial interpuesto por las defensas. Además, establecieron el 9 de octubre como fecha en la que darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

La calificación legal del delito fue es peculado -previsto en el artículo 261 del Código Penal-, que establece que “será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

Tras conocer el fallo, Luciani se mostró ampliamente satisfecho luego del trabajo de la Fiscalía a lo largo del juicio, que comenzó en noviembre del año pasado. Además, consideró adecuada la decisión en cuanto a las condenas y al decomiso del dinero sustraído ilícitamente. Asimismo, si bien difiere el monto de las penas, destacó que en el caso de Gostanián será de cumplimiento efectivo en caso de confirmarse y estará a la espera de los fundamentos respecto a las demás.

El exhorto

La causa se inició en octubre de 2005, en base a los testimonios extraídos de un exhorto proveniente de la fiscalía de Sttutgart, Alemania. En el documento, se detallaba una investigación penal seguida contra el principal ejecutivo de la empresa Atlantic Zeiser (AZ), Karl Georg Schillinger, en base a la entrada en vigencia de una ley contra el pago de sobornos a funcionarios extranjeros en el marco de operaciones comerciales internacionales. Al inicio de la década del ’90, AZ proporcionaba sus productos a la Casa de la Moneda argentina. En el marco de esas transacciones, se realizaron pagos a Molina, quien fue quién comunicó, en 1998, la modificación del lugar de los depósitos: de un banco en Uruguay a una cuenta en Suiza. En el expediente, consta una nota de octubre de ese año donde se remitía a una reunión entre Molina y un “Mister X” en la Casa de la Moneda. Allí, se explican los problemas que se habrían producido durante las transferencias.

Fue el Swiss Bank Corporation el que informó a la fiscalía de Sttugart que el titular de la cuenta era del funcionario menemista y que tenía una extensión a su mujer y su hijo; al respecto, Luciani agregó en su alegato que Gostanián derivaba el dinero -“millonarias y obscenas sumas” de marcos alemanes- a otras cuentas del mismo banco. En el exhorto se explicaba, también, que durante una conversación telefónica, Molina habría comunicado que además de los pagos a “Mister X”, él debía derivar una parte de las comisiones que percibía a Kalfaián y Chorbadjián, “hombres de extrema confianza” del titular de la sociedad del estado, según calificó el fiscal general.

La maniobra

De acuerdo a la acusación, entre 1994 y 1999 la Casa de la Moneda le encargó varios equipos, entre ellos una impresora “ink jet” que nunca fue puesta en funciones y repuestos. Estas “contrataciones” tenían la particularidad de que al valor de venta de los productos se les agregaba entre un 40 y un 50 por ciento más de precio. Ese “extra” era estipulado por los funcionarios argentinos, que lo negociaban con el titular de la empresa alemana (Schillinger) a través de Molina, presidente de las empresas Moligraf y Acremo S.A y representante comercial de AZ. Ambos iban alternadamente a la Casa de la Moneda para acordar montos, formas y lugares de pago. Ese 40 o 50 por ciento adicional era retornado por la firma alemana a Gostanián y a Molina, quién debía a su vez darle un porcentaje a Kalfaián y a Chorbadjián.

Según la normativa de la Casa de la Moneda, las operaciones con montos superiores a 35 mil pesos -como lo fueron las operaciones con AZ analizadas en el caso- debían ser aprobadas por el Directorio. Ese órgano estaba conformado por el presidente, el vicepresidente y el director, es decir, Gostanián, Kalfaián y Chorbadjián. De acuerdo a la acusación, a través de expedientes formales, justificaban las erogaciones de caudales públicos con el fin de adquirir productos con precios inflados. Esa irregularidad no se podía detectar porque, según quisieron dar a entender las defensas en el juicio, AZ era la única que fabricaba este tipo de bienes.

Mister X

Luciani ponderó la declaración testimonial de una mujer que se desempeñó como secretaria privada de Molina, quien a través de la empresa Moligraf/Acremo actuaba como intermediario y representaba a la empresa germana sólo en relación a los negocios mantenidos con la dependencia del Ministerio de Economía. Luciani recordó que en aquella audiencia, ante la pregunta sobre si sabía que el precio final de las contrataciones incluía algún tipo de comisión, la testigo afirmó categóricamente que sí, como así también que “se hacía el retorno a los funcionarios”. Por ese motivo, consideró que la mujer “tuvo una gran valentía”, a pesar de que “Molina intentó torcer el rumbo de su declaración”. “Tuvo una precisión pocas veces vista”, detalló. En aquella ocasión, la testigo también relató que estaba al tanto de lo que ocurría a través del propio Molina, quien le solicitaba que oficie de traductora con el principal ejecutivo de AZ, Karl Georg Schillinger, para informarle los porcentajes acordados.

Por otra parte, recordó un “Mister X” de la Casa de la Moneda con quien Molina se habría reunido, que según estimó, podría ser una persona o varias, “como una entidad”. La explicación que le dieron sobre por qué se eligió ese término, fue que “la X en toda ecuación matemática es una incógnita”. “Mister X eran todos los funcionarios. Era una representación adonde se hacía el retorno, porque no podían nombrarlos”, concluyó el titular de la Fiscalía General N°1.