La Sala IV de la Cámara de Casación Penal confirmó el procesamiento de una mujer por el delito de trata de personas. El recurso había sido presentado por el fiscal general de Salta, Eduardo Villalba. La imputada habría captado, a través del engaño, a víctimas en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual en un prostíbulo “VIP” ubicado en la provincia de Salta.

La fiscal ante el máximo tribunal penal Gabriela Baigún había considerado que se encuentra acreditado que la imputada habría dirigido y regenteado el local allanado en septiembre de 2013. En ese sentido, entendió que la conducta de la acusada configura el delito de trata de personas, en su modalidad de ofrecimiento y acogida de mujeres con fines de promoción, facilitación y comercialización de prostitución ajena, agravado por la cantidad de víctimas.

La representante del Ministerio Público explicó que la Cámara de Apelaciones de Salta había incurrido en arbitrariedad, debido a que valoró y fundamentó erradamente la conducta desplegada por la  imputada. Los jueces habían considerado el consentimiento de las víctimas para eximir de responsabilidad penal a la imputada y encuadrar la conducta solamente como promoción o facilitación de la prostitución ajena. Sin embargo, Baigún aseguró: “El consentimiento brindado por las víctimas no es un consentimiento libre, sino que se encuentra viciado por un contexto de necesidad económica determinante para la situación de vulnerabilidad que ellas atravesaban al momento de contactarse con la imputada”.

Hacia el final de su escrito, la fiscal se pronunció respecto de la “competencia” y afirmó que “no caben dudas que la presente causa debe continuar tramitando en el fuero federal”.

El recorrido de la causa

A raíz del recurso presentado por la defensa de la imputada, en octubre del año pasado la Cámara Federal de Salta había procesado sin prisión preventiva a una mujer por el delito de promoción o facilitación de la prostitución, en concurso ideal con el delito de explotación económica de la prostitución ajena.  Fue a partir de esa resolución, que el fiscal general de Salta Eduardo Villalba interpuso un recurso de Casación en el que afirmaba que “existen elementos serios y suficientes que conllevan a la confirmación del procesamiento” de la imputada “en orden al delito de trata de personas”.

El representante del MPF entendió que la Cámara, al negar la existencia de trata, adoptó un temperamento contrario a los tratados internacionales de Derechos Humanos, comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado Argentino ante la comunidad jurídica internacional. Para Villaba, la sentencia había sido arbitraria y se había alejado de la legislación vigente.

También, se pronunció en relación a la revocación de la prisión preventiva. En ese sentido afirmó que “de no disponerse la prisión preventiva de la causante, ésta podría entorpecer la investigación alterando o haciendo desaparecer documentación (…) o podría producir su fuga”.

Los hechos

Los hechos se iniciaron en julio de 2013 a raíz de un informe efectuado por personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta luego de tomar conocimiento de la existencia de un prostíbulo “VIP” ubicado en el centro de la capital salteña que era promocionado a través de una página de internet. Además, se pudo determinar que los encuentros se concretarían en un departamento particular denominado “privado” y que estaría regenteado por la imputada que se hacía llamar “Cata”.

La mujer habría captado a mujeres en situación de vulnerabilidad a través de promesas de prosperidad económica y publicado fotos de ellas en la página web con la oferta de servicios sexuales y masajes. La imputada habría brindado “asesoramiento” a los hombres que consultaban y pasarles los precios.

El 9 de septiembre de 2013, se realizaron dos allanamientos en el prostíbulo y en el domicilio particular de la mujer. En el local, fueron rescatadas cinco mujeres y se pudo secuestrar el libro de pases, preservativos y geles íntimos. También, se encopntró una camilla para masajes, un somier de dos plazas, una mesa de luz, ropa interior, lencería erótica, tarjetas con la leyenda “Masajes eróticos profesionales” y números de teléfono.

Como resultado del procedimiento realizado en el domicilio particular de la imputada, se pudo dar con ella, con un hombre y con tres menores de edad y se secuestró una planilla con los nombres de varias mujeres que “trabajaban” en el prostíbulo con los detalles de los montos de las deudas de dinero que tenía cada una de ellas.

En su declaración, el hombre detalló que prestaba servicios en la Municipalidad de Salta, que es concubino de la imputada y que ella trabajaba dando masajes corporales y como peluquera en un local.

Finalmente, el juzgado Federal de Salta N°1 dictó el procesamiento de la mujer.