La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la intervención de Raúl Omar Pleé por el Ministerio Público Fiscal, confirmó las condenas de dos personas acusadas de narcotráfico. Reinaldo Ramón Romero y su hijo Eduardo Ramón fueron sentenciados a dieciséis y doce años de prisión respectivamente en 2018 por delitos relacionados con el transporte y almacenamiento de más de mil kilos de marihuana, en una causa en la que intervino la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, a cargo de Carlos Schaefer.

Las actuaciones comenzaron a partir de información brindada por una persona involucrada en un cargamento de seis toneladas de marihuana secuestrado por Gendarmería Nacional el 29 de abril de 2013. Tras este operativo se realizaron diferentes tareas de investigación para identificar a otros partícipes que continuaban operando, por lo que se pudo identificar a Reinaldo y Eduardo Romero. A raíz de intervenciones telefónicas, pudo conocerse que Reinaldo Romero había mantenido conversaciones con un presunto acopiador de drogas de la República del Paraguay, de las que se desprendía que habían cruzado mercadería desde el país vecino y la habían depositado en una chacra cercana a la localidad de Lomas de Vallejos, provincia de Corrientes. Otra serie de comunicaciones estableció que padre e hijo estarían por viajar a ese destino.

Con estos datos, Gendarmería realizó tareas de inteligencia en la zona y observó a una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Gol, ambos vehículos con los que Reinaldo Romero registraba salidas del país por el paso internacional de Posadas. El 2 de febrero de 2014 por la madrugada, se allanó el inmueble en donde se detuvo a Eduardo Romero y se secuestró otra camioneta marca Dodge, en cuyo interior se encontraron 1.026 kilos y 125 gramos de marihuana, repartidos en panes compactos. Ese mismo día, se detuvo a Reinaldo Romero en la localidad correntina de Alvear, a bordo de la camioneta Hilux.

La etapa recursiva del proceso
Tras conocerse las condenas, las defensas de ambos imputados presentaron recursos señalando una valoración arbitraria de la prueba y, en el caso de Reinaldo Romero, se cuestionó que la única prueba a cargo había sido la identificación de su voz en una de las escuchas realizadas, y que había sido detenido a más de quinientos kilómetros del lugar de los hechos. Casación remarcó que el peritaje fue realizado por la División Análisis Forense de la Voz de la DIrección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, y que ese trabajo dio por resultado que Romero participó de las llamadas. Según los jueeces, las críticas a esta pericia “no fueron acompañadas por ningún argumento atendible, ni desde el ámbito tecnológico ni del jurídico”.

Para Casación, las intervenciones telefónicas realizadas encuentran fundamento suficiente en las tareas de inteligencia llevadas a cabo por Gendarmería y los indicios aportados por las mismas. Respecto a la supuesta falta de fundamentación de la condena, destacó que el tribunal valoró el testimonio tanto del personal de Gendarmería que realizó las tareas investigativas, como de quienes intervinieron en el operativo, testigos y del dueño de la casa allanada.

En el fallo, la sala remarcó que “el escenario descripto y las circunstancias señaladas despejan cualquier duda sobre los hechos y la responsabilidad de los encausados. La fuerza que emana de esas piezas descartan sin ambages las excusas intentadas por las defensas, en particular en lo referente a la supuesta ajenidad de Reinaldo Ramón Romero”. En el caso de Eduardo Romero, dos de los tres jueces señalaron además que, si bien fue sorprendido con la camioneta en donde transportaba el cargamento, su participación “no se limitó al momento de su detención sino que fue una pieza importante en la que se apoyó su progenitor para el acopio de los más de mil kilos de marihuana y su posterior distribución”, por lo que señaló que debería cambiarse la figura legal por la que fue juzgado.