La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal concedió el recurso de queja interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, contra la resolución de la Cámara Federal de dicha jurisdicción que denegó el recurso de casación del representante del Ministerio Público Fiscal de queja por apelación denegada, y ordenó remitir las actuaciones al Tribunal de Alzada tucumano para que resuelva el recurso de apelación interpuesto oportunamente contra la providencia del Juzgado Federal N°2 de Tucumán que no hizo lugar al pedido de la fiscalía para indagar a un efectivo policial sospechado de facilitar la fuga de un detenido por narcotráfico.

El caso

En el marco de una investigación por narcotráfico, se dispuso el procesamiento de un hombre y su alojamiento en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza. Sin embargo, se trasladó al detenido a las dependencias de la Comisaría de Delfín Gallo –por indicación de un oficial de la Policía de la Provincia de Tucumán-, donde se dio a la fuga.

El 22 de marzo de 2017, el responsable de la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán solicita indagar al procesado –por haberse evadido de la dependencia policial- y del efectivo policial por ordenar el traslado a la Comisaría de Delfín Gallo, sin contar con orden judicial al respecto y por desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. El juzgado Federal N°2 de Tucumán, ordena la indagatoria del primero, pero argumenta que no existen méritos para citar al efectivo policial, por lo que la fiscalía interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales fueron desestimados por el juez interviniente.

El 16 de agosto de 2017, se ordenó el procesamiento del evadido, pero siguió rechazándose la citación del efectivo policial, lo que motivó que el fiscal interpusiera un recurso de reposición con apelación en subsidio, que también fue desestimado. A su turno, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán rechazo la correspondiente queja por apelación denegada sobre el argumento de que el llamado a prestar declaración indagatoria era una actividad técnicamente discrecional del juez como instructor de la causa y que las decisiones referidas a la producción de pruebas resultaban irrecurribles, justamente por dichas facultades discrecionales. La nueva denegatoria habilitó al fiscal general tucumano  para interponer el correspondiente recurso de queja del ante la Cámara Federal de Casación Penal.

En su presentación, el fiscal general Gómez se agravió del arbitrario rechazo al pedido de citación a indagatoria del efectivo policial, que el “trascurso del tiempo afecta notoriamente las perspectivas de éxito de la investigación, toda vez que el juzgado ha hecho ingresar al proceso en una parálisis arbitraria, sin adoptar una resolución” lo cual “redunda en una grave limitación al impulso requirente del Ministerio Público Fiscal, por una causa no prevista legalmente, menoscabando el pleno ejercicio de su rol constitucional de órgano independiente a cargo de la promoción de la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y en cuanto a titular exclusivo de la acción penal pública”, al tiempo que “el trámite impreso a la causa, significa lisa y llanamente una vulneración del acceso a la justicia”.

La queja del fiscal general fue compartida por su colega Javier De Luca –a cargo de la Fiscalía General N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal-, quien consideró que el fallo recurrido debía ser revocado, por omitir toda consideración a los agravios conducentes planteados por el Ministerio Público Fiscal, los cuales debían ser considerados. Agregó que la resolución cuestionada era “equiparable a definitiva”, que en el proceso se encontraba paralizado respecto al efectivo policial, que la negativa a citarlo a indagatoria  “constituyó una denegación de justicia” y una  “grave y arbitraria limitación al impulso de la acción penal por parte de este Ministerio Público Fiscal”.

La resolución de la Sala IV

Al resolver la cuestión, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –integrada por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos- admitió la queja interpuesta, declaró mal denegado el recurso de casación y, en consecuencia ordenó concederlo. Asimismo revocó la resolución mediante la que no se hizo lugar a la queja por apelación denegada y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, a fin de que resuelva el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del juez federal tucumano que no hizo lugar al pedido de indagatoria del efectivo policial.

En ese sentido, los camaristas consideraron que “la naturaleza federal del agravio planteado por el recurrente –doctrina de la arbitrariedad-, razonablemente fundado –art. 15 de la ley 48-, como así también la demostración del agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, permite equiparar la resolución atacada a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así está instancia”.