La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió, por unanimidad, hacer lugar al recurso de casación presentado por el fiscal general Marcelo Saint Jean y revocar la suspensión de juicio a prueba, concedida por el Tribunal Oral Criminal Nº4 a un hombre quien conformaba, junto a otras tres personas, una asociación ilícita que cometía delitos contra la propiedad, para lo cual simulaban ser integrantes de la Policía Federal Argentina.

Bajo un mismo “modus operandi” los imputados, vestidos con chalecos antibalas con la inscripción "PFA" y exhibiendo armas de fuego, habrían cometido al menos dos hechos en los que sustrajeron teléfonos celulares. Durante el transcurso del expediente se llevaron adelante diversas medidas probatorias, entre ellas, allanamientos realizados a viviendas de los imputados donde se secuestraron  dos revólveres calibre .32, credenciales de la PFA, chalecos antibalas con la inscripción “PFA”, un portacredencial de la PFA y una baliza de color azul de las que se utilizan para ser colocadas en el techo de los automóviles.

El fiscal Marcelo Saint Jean recurrió la concesión de la suspensión del proceso a prueba al considerar que la sentencia había violado las reglas del artículo 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal, ya que se había desoído su fundada oposición. En línea con ello, el fiscal Leonardo Filippini -quien intervino en la audiencia celebrada ante la Sala II- opinó que el Tribunal Oral no había tratado el punto central por el que el fiscal se había opuesto a la concesión de la probation -tales como que los imputados se hicieran pasar por policías, utilizaran indumentaria de la fuerza,y se les incautasen armas en su poder- todo lo cual, como materia de política criminal, determinaba la razonabilidad del dictamen.

Los jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, Daniel Morin, Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse, fallaron en línea con el planteo del representante del Ministerio Público Fiscal. Así afirmaron que si bien el dictamen fiscal previsto en el art.76 bis, cuarto párrafo, CP, está sometido al control jurisdiccional a los fines de que se verifique su razonabilidad, en el caso concreto, el Tribunal Oral había hecho una errónea interpretación de las reglas que rigen la suspensión del juicio a prueba.

Asimismo, los camaristas sostuvieron que el fiscal había manifestado su oposición basándose en determinadas características del caso, como ser la utilización de indumentaria policial por parte de los intervinientes, su identificación como policías en la perpetración de los hechos investigados y el hallazgo de armas de fuego en el allanamiento practicado, y que dicha oposición lucía razonable y, al vincularse con cuestiones de política criminal, no procedía la suspensión del juicio a prueba.