El Tribunal Oral en lo Criminal N°19 condenó ayer a los comisarios retirados de la Policía Federal Carlos Alberto Sablich y Carlos Jacinto Gutiérrez a 16 años de prisión por la privación ilegal de la libertad e imposición de torturas contra Juan Carlos Bayarri, y al funcionario judicial retirado Eduardo Albano Larrea a tres años por encubrimiento.

Se trata del emblemático caso por el cual en 2008 el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bayarri fue secuestrado el 18 de noviembre de 1991 y obligado a confesar bajo torturas su participación en secuestros extorsivos, entre ellos el del empresario y hoy jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Pasó casi trece años detenido.

El juicio oral que culminó ayer había empezado el 23 de octubre del año pasado, casi 22 años después de los hechos. La nómina de los acusados se completó con el también comisario retirado Alberto Alejandro Armentano y el suboficial mayor retirado Julio Roberto Ontivero, quienes fueron absueltos por los jueces Alberto Ravazzoli, Horacio Barberis y Raúl Llanos. El fiscal del juicio fue Eduardo Marina, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y había solicitado penas de hasta 19 años para todos ellos, con excepción de Ontivero.

El caso

Juan Carlos Bayarri y su padre Juan José fueron abordados en su automóvil el 18 de noviembre de 1991 cuando estaban parados aguardando el paso del semáforo en la intersección de las calles Centenario Uruguayo y Avenida Mitre de Sarandí, partido de Avellaneda. "Fueron interceptados por dos o tres automotores de donde bajaron varios individuos, portando armas largas y de puño", señaló la fiscal de instrucción Gladys Nancy Romero en el requerimiento de elevación a juicio.

Los civiles, se comprobó en la causa, eran miembros de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA. Los funcionarios luego hicieron constar que lo habían detenido, pero al día siguiente en el barrio de la Boca. Sin embargo, Juan Carlos Bayarri fue conducido a un lugar que sus captores denominaron "Pozo", donde permaneció hasta el 20 de noviembre, tras lo cual fue llevado a la División Defraudaciones y Estafas.

La Fiscalía dio por acreditado en la instrucción que durante su cautiverio Bayarri fue torturado mediante asfixia con una bolsa de plástico que le cubría la cabeza, tormento denominado "submarino seco", "además de aplicación de golpes a mano abiertas en ambos oídos, golpes de puño en distintas partes del cuerpo, un golpe de puño en el oído derecho que le ocasionó una hemorragia y la perforación del tímpano, así como también tales golpes le provocaron lesiones en el rostro".

El 22 de noviembre de 1991, los policías dejaron constancia de que Bayarri les había solicitado declarar "para aliviar su estado de conciencia". Los funcionarios de la Policía Federal también dejaron asentado que el detenido había manifestado que "no aguantaba más y quería comenzar a cumplir la pena por su participación", en diferentes secuestros extorsivos.

La Fiscalía logró establecer que tanto durante su captura, como luego en el cautiverio, los tormentos y la falsa confesión actuaron los policías, junto a otros que fallecieron a lo largo de estos años. En tanto, la participación del por entonces secretario del Juzgado de Instrucción N°25 Larrea -y la del juez Nerio Bonifatti, ya fallecido- en los hechos, según la acusación, estuvo signada por su inacción ante "las visibles lesiones que el nombrado presentaba en su rostro" al momento de la indagatoria.

Incluso, en la causa quedó constancia de que un médico forense, a quien se había encomendado revisar a Bayarri por las lesiones en los oídos, consultó al juzgado si debía extender los exámenes a una biopsia de piel para constatar las posibles torturas con corriente eléctrica. El juzgado le ordenó que su deber era circunscribirse a lo que se le había requerido y no hubo peritaje al respecto.

En su alegato, el fiscal Marina aseguró que mediante las declaraciones de la víctima y de testigos quedó demostrado el secuestro; y con los peritajes médicos las torturas que se le practicaron con el objetivo de que se auto incrimine en muchos y graves delitos, por ejemplo el secuestro de Mauricio Macri. Además, señaló que los delitos cometidos tienen el agravante de que los culpables son funcionarios públicos que debían cuidar a la ciudadanía y representan una enorme gravedad institucional por la existencia de la connivencia policial-judicial.

Se trata de la segunda sentencia por torturas en pocos días para la Procuvin, ya que el 16 de este mes el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 condenó por ese delito a los penitenciarios Héctor Miguel Aguilar y Jorge Raúl Rolón.