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Para la fiscalía hubo un “pacto de silencio institucional” dado que se configuró una maniobra coordinada entre policías para encubrir la desaparición mediante falsas hipótesis, omisiones en registros oficiales, versiones uniformes y contradicciones entre las actuaciones judiciales y administrativas.

Así se expidió, por mayoría, la Sala I, al hacer lugar al recurso de la querella que representa a la madre de la víctima. De este modo ordenó el reenvío de las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.

Se trata de Néstor Ramón Falcón, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi y Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez, quienes fueron indagados ayer. La víctima fue vista por última vez en la madrugada del 24 de mayo de 1992 en la Comisaría 7ª de Godoy Cruz, luego de que lo detuvieran en la vía pública.