En el marco de una audiencia celebrada hoy ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general Javier De Luca, a cargo de la Fiscalía General Nº1 ante ese tribunal, opinó que “las querellas carecen de legitimación para impugnar la excarcelación de los imputados”. La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) habían interpuesto recursos de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal Nº4 que había dispuesto las excarcelaciones de Nicolas Ciccone y José María Núñez Carmona en el Caso Ciccone.

Al  momento de emitir opinión, la Fiscalía ante el Máximo Tribunal penal explicó que en el Código Procesal Penal de la Nación las partes acusadoras pueden recurrir sólo en los casos en que la ley lo prevé, “y como no está previsto, no tiene legitimación para recurrir en los incidentes de excarcelación o exención de prisión. Ello está fundando en que el derecho en disputa es la libertad personal durante el proceso cuyo titular es sólo el imputado/condenado  (art. 18 CN, art 7º Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Asimismo, De Luca refirió que la UIF y la OA no representan los intereses del Estado de igual manera que el Ministerio Público Fiscal, al entender que éste es el único organismo habilitado por el código para agraviarse de la libertad otorgada al imputado en un proceso. En este sentido, recordó que durante el desarrollo del debate oral y público el fiscal general interviniente, Marcelo Colombo, no sólo no había apelado las excarcelaciones de los imputados sino que había dictaminado en favor de su concesión, hasta tanto se resolvieran los recursos de las defensas contra el fallo condenatorio.

Finalmente, De Luca sostuvo que las convenciones internacionales contra la corrupción no son operativas y, por lo tanto, no bastan para fundamentar la legitimación de un recurso donde la ley no lo prevé. Para ello se requiere previa reglamentación legal.

Antecedentes
En agosto de 2018 el Tribunal Oral Federal Nº4 integrado por Pablo Bertuzzi,  Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez resolvieron condenar a Amado Boudou a la pena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. A José María Núñez Carmona lo condenaron a cinco años y seis meses también por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, mientras que a Nicolás Ciccone le impusieron la pena de cuatro años y seis meses por el delito de cohecho.

Cuando se leyó el veredicto el TOCF ejecutó la detención inmediatamente. Esa decisión fue recurrida en casación y esos recursos fueron desestimados. Tampoco se accedió al pedido de excarcelación, pese a que el fiscal había estado de acuerdo. Luego se revisó la situación cautelar de los condenados -sin sentencia firme- y de conformidad fiscal, el TOCF -con otra integración- concedió la excarcelación: la del ex vicepresidente fue recurrida por la UIF -planteo al que adhirió la OA-, en tanto que paralelamente los dos organismos recurrieron las de Ciccone y Núñez Carmona. El lunes se dispuso que Boudou regrese a prisión -el fiscal general se había expresado en la misma línea que en esta nueva intervención-, y resta que la Casación resuelva ahora la situación de Ciccone y Núñez Carmona.