En consonancia con el pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, Ignacio Mahiques, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 dispuso que, a partir del 16 de octubre, se indague a diez personas acusadas de la sustracción y posterior retención de una niña, ocurrido hace diecisiete años, cuando la madre biológica de la niña la entregó en adopción –en la provincia de Entre Ríos- a una pareja de la ciudad de Buenos Aires, sin que el padre de la beba, Leonardo Fornerón, lo supiera.

Según el cronograma fijado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, el 16 de octubre se indagará a los padres adoptivos, Z. y B., mientras que al día siguiente será el turno de la madre biológica de la niña, Diana Elizabeth Enriquez, y del abogado de los adoptantes, Francisco Espona.

Para el miércoles 18 de octubre está prevista la declaración de Paul Reynoso -nexo entre la progenitora y los adoptantes- y Ariel Barretto -quien colaboró en el traslado de la madre embarazada-, mientras que las dos jornadas siguientes serán indagados la perito psicóloga, Daniela Kairúz, los defensores de pobres y menores, Julio R.F. Guaita y Marcelo S. Balbi y el juez Raúl A. Del Valle.

La historia

Fornerón y Enriquez se conocieron en 1998, en la ciudad entrerriana de Rosario del Tala, y mantuvieron una relación durante unos meses, hasta que la mujer decidió separarse. Meses después, y por los dichos de una vecina, Fornerón se enteró que Enriquez estaba embarazada. Le preguntó si era así, pero su ex pareja le negó que fuera el padre y le dijo que se desentendiera.

Sin embargo, cuando Enríquez cursaba el octavo mes de embarazo, Paul Reynoso –un vecino del pueblo- comenzó a ir a su casa para entregarle alimentos y productos. Finalmente, una madrugada, en días previos a dar a luz, Reynoso –en un vehículo que le prestó Barreto- transportó a Enríquez a la ciudad entrerriana de Victoria donde, el 16 de junio de 2000, en el Sanatorio Policlínico Privado, nació la beba.

Al día siguiente, sin el consentimiento de Fornerón, la madre biológica entregó a la beba a B. y Z., una pareja oriunda de la Ciudad de Buenos Aires. En el acto estuvo presente el Defensor de Pobres y Menores Suplente, Julio Guaita, quien redactó el acta de entrega en guarda provisoria de la niña a la pareja porteña, contra toda la legislación, por entonces, vigente.

La Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado Argentino y dispuso que “el Estado debía establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el Sr. Fornerón y su hija, con la obligación de presentar informes sobre los avances del mismo”.

Fornerón tomo conocimiento del nacimiento y finalmente Enriquez le admitió que era su hija. Sin embargo, y a pesar de que el hombre reconoció su paternidad, la madre de la niña reiteró su intención en darla en adopción.

Así, se iniciaba un trámite judicial irregular que impidió que, durante 17 años, Fornerón no pudiera criar a su hija. Frente a tal panorama adverso, Fornerón decidió denunciar la situación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Corte IDH declaró la responsabilidad del Estado Argentino en la violación de derechos del demandante y de la niña y dispuso que “el Estado debía establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre el Sr. Fornerón y su hija, con la obligación de presentar informes sobre los avances del mismo”.

A raíz de ello, se inició una investigación, que recayó en la Fiscalía que encabeza Mahiques, en la que decidió imputar a los padres adoptivos de la menor, junto a su madre biológica y todas las personas que intervinieron en el irregular trámite de adopción de la niña.

El pedido de indagatoria

En base a las pruebas colectadas, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación le solicitó a la responsable del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 que indague a Enríquez, Z., B., Reynoso, Barreto, Espona, Del Valle, Guaita, Balbi y Kairuz en orden al delito de sustracción y posterior retención de un menor de 10 años.

En la presentación, que puede descargarse desde esta misma página, el fiscal indicó que “ha podido demostrarse, con los alcances de la etapa, que los imputados sustrajeron, en connivencia, a la menor M. del ámbito legítimo de tutela de su padre biológico, Leonardo Fornerón, pese al reclamo constante, sistemático e inclaudicable que aquél erigió desde el inicio para que le fuera entregada. Asimismo, que la niña continuó siendo retenida fuera de esa esfera en esta Ciudad de Buenos Aires, a partir de las deliberadas contribuciones analizadas, con el consecuente y grave menoscabo de su libertad individual y a los derechos e integridad de su familia”.

Asimismo, en su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “la maniobra fue más sofisticada que una sustracción por la fuerza; es decir, la sustracción ‘formalizada’ y la retención judicialmente ‘avalada’ no sólo que sigue siendo delito, sino que lo aumenta en su gravedad por cuanto a lo brutal de apropiarse de un bebé se le suma el abuso de la función pública para asegurar el éxito del ilícito”.

En ese sentido, concluyó que “a pesar de sufrir el destrato, la injusticia y la burla del sistema, la certeza del vínculo biológico y la vocación de padre como guía de su conducta, logró que al día de hoy, más de 17 años después, desde el mismo Estado que antes le dio la espalda, se intente evitar que todo ello se inscriba en la larga historia de impunidad, para que cada uno de los responsables reciba la sanción que corresponda a la medida de su culpabilidad”.