Además de ello, no obstante, y en virtud de las disposiciones del derecho interno colombiano que podrían frustrar la inmediata eficacia de la medida solicitada a Interpol, los fiscales requirieron también al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, las medidas pertinentes a efectos de garantizar, en caso de concretarse el arribo del nombrado Rabbani, o de otras personas de interés, a la República de Colombia, la correspondiente detención provisoria con fines de extradición, en los términos de la Convención sobre Extradición suscripta en la VII Conferencia Internacional Americana. Finalmente, la UFI también puso en marcha una solicitud de localización de personas prevista en un tercer instrumento legal vigente, el Acuerdo de Asistencia Judicial en Materia Penal entre nuestro país y Colombia. Todo lo actuado, más allá de las obligaciones de colaboración con la Argentina ya vigentes, busca reforzar la eficacia del compromiso por combatir la impunidad del atentado de 1994.
Cancillería y Senado analizan el pedido de la UFI-AMIA para desclasificar materiales sobre el atentado de 1994 y su encubrimiento
Los fiscales de la UFI-AMIA, por otro lado, mantuvieron sendas reuniones de trabajo con la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y con autoridades del área de cooperación penal internacional de la Cancillería a fin de avanzar sobre la posible desclasificación de materiales documentales todavía reservados que puedan ser de utilidad a la investigación del atentado, existentes tanto en el país como en terceros estados.
Un mes atrás, el 6 de abril pasado, la Unidad Fiscal había solicitado al presidente la Nación, Mauricio Macri, una serie de medidas destinadas al mejor ordenamiento y descripción del material desclasificado relativo al atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, a la franca ampliación de su posible empleo judicial, y al acceso a toda otra posible información adicional existente. Concretamente, los fiscales requirieron el relevo definitivo del secreto remanente que todavía pesa sobre información relativa al atentado y su encubrimiento y solicitaron al Sr. Presidente considerara extender una invitación a actuar en igual sentido a los gobernadores en sus respectivas jurisdicciones.
En la misma dirección, la Unidad Fiscal había pedido también a los presidentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación avanzar en un proceso de desclasificación similar sobre la documentación parlamentaria y, a la Sra. Canciller Susana Malcorra, entablar una reunión de trabajo de cara a la obtención del material reservado o de interés que pudiera existir en poder de terceros estados.
La vicepresidenta de la Nación se mostró receptiva frente a la inquietud y manifestó su vocación de articular acciones conducentes en línea con lo solicitado, a la luz del tiempo transcurrido desde el atentado y de la obligación de todos los órganos del Estado argentino de trabajar mancomunadamente por la verdad. En el ámbito del Congreso de la Nación, por caso, funcionó la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación del atentado a la sede de la AMIA que produjo tres informes y cuyos registros son todavía parcialmente reservados. Del mismo modo, también podría ser de interés el material de la Comisión Bicameral de Seguimiento de actividades de Inteligencia.
Con relación a la información de terceros estados, los fiscales plantearon el interés en el acceso a información hasta ahora reservada o confidencial que pudiera existir, más allá de la oportunamente recibida en el marco habitual de la cooperación penal internacional. El hecho de la participación de servicios y agentes colaterales de inteligencia extranjera en la investigación del atentado es pública y ello justifica, ante el tiempo transcurrido, examinar posibles vías de renovada colaboración que puedan develar información aún no aportada a la causa.
Las inquietudes de la Unidad Fiscal, a su vez, reflejan también expectativas concretas de algunos familiares y víctimas del atentado y se enmarcan en el actual trabajo de registro y ordenamiento de varios fondos documentales antes reservados y que hoy, en parte gracias a este trabajo, ya está desclasificado y disponible como material probatorio y accesible a todas las partes.