El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 continuó hoy con la lectura de las imputaciones por cohecho activo a 24 empresarios investigados en el primer tramo de la causa “Cuadernos”, en la que se investiga la existencia de una asociación ilícita, que funcionó entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, que montaron un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal general Fabiana León -a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOF- junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. También interviene el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El TOF está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, al tiempo que se designó a su colega Néstor Costabel, como cuarto juez para integrar el tribunal, en reemplazo de la jueza Gabriela López Iñiguez, quien fue recusada por el Ministerio Público Fiscal.

Frecuencia y modalidad del debate

El inicio de la audiencia de hoy estaba previsto para las 9, pero comenzó con 40 minutos de demora. Previo a continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadío, en relación al primer tramo de la investigación sobre la recepción y entrega de dinero asentados por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) en sus cuadernos, el juez Méndez Signori leyó una resolución en la que el tribunal resolvió sumar una audiencia semanal al cronograma original del debate que, a partir del 25 de noviembre, se hará los martes y jueves.

En su voto, el juez y su colega Canero relataron los reclamos efectuados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura y a la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), respecto a la falta de espacio físico, tecnológicos y recursos humanos para desarrollar el debate.

Destacó que, desde el 6 de diciembre de 2024 -cuando se fijó la fecha de realización del juicio- y en la audiencia preliminar del 23 de septiembre pasado, “se ratificó la modalidad telemática que también contempla la modalidad hibrida e incluso presencial para celebrar las jornadas de debate oral y público”. Agregó que los “beneficios, de la mano de la tecnología con la que se cuenta, resultan innegables, más allá de algunos defectos menores que suelen aparecer -generalmente subsanables a través del personal- tal como sucedió la semana pasada con el comportamiento de algunas personas imputadas conectadas telemáticamente”.

“Aun cuando las audiencias iniciales se llevarán a cabo telemáticamente, el Tribunal ha decidido, en el marco de las atribuciones oportunamente informadas, que las declaraciones indagatorias se celebren bajo la modalidad mixta. Es decir, con sus integrantes, las personas imputadas que correspondan convocadas con sus defensores, partes acusadoras y público de manera presencial, mientras que el resto de las partes y público general lo hará de modo telemático”, explicó.

También indicó que para dar una “mayor celeridad” al debate, “se incrementará la frecuencia de audiencias, añadiéndose los martes, con lo cual, a partir del día 25 de noviembre de 2025, el juicio tendrá lugar los días martes y jueves de cada semana”.

Cabe destacar que, el próximo 18 de noviembre está prevista una reunión ante la Cámara Federal de Casación Penal, para resolver cuestiones atinentes a la frecuencia y modalidad de las audiencias, en la que el TOF N°7 adelantó que reiterará los pedidos oportunamente formulados y desatendidos.

Por su parte, el juez Castelli leyó su voto en el que, si bien adhirió al de sus colegas en algunos puntos, resaltó que la convocatoria de la CFCP está vinculada “a eventuales cambios en el modo en que se está llevando el juicio”, por lo que solicitó la presencia de los imputados y defensas en dicha reunión.

Los cohechos activos, encubrimiento y tenencia de armas

Posteriormente, la jornada continuó con la lectura de las imputaciones, por cohecho pasivo contra el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Walter Rodolfo Fagyas (54), y contra el exchofer Hernán Diego Del Río (48).

Luego, se describieron los cohechos activos imputados a Carlos Guillermo Enrique Wagner (82) - expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A.-; Enrique Menotti Pescarmona (83) y Rubén Francisco Valenti (78) -presidente y directivo, respectivamente, de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; Juan Carlos De Goycoechea (60) -exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A.-; Gerardo Luis Ferreyra (75), Osvaldo Atenor Acosta (75) y Jorge Guillermo Neira (74) -exvicepresidente, accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.-; Carlos José Mundín (71) -presidente de BTU S.A-;  Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) y Héctor Javier Sánchez Caballero -accionista y directivo, respectivamente, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; y Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-.

También se leyeron las acusaciones contra Claudio Javier Glazman (62) -exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI)-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; Néstor Emilio Otero (87) -accionista mayoritario de TEBA S.A.-; Benjamín Gabriel Romero (73) y Rodolfo Armando Poblete (68) -titular y gerente general de Hidrovía S.A.-; Jorge Alberto Tasselli (79) -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-; Raúl Víctor Vertúa (68) -presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.-; Hugo Alberto Dragonetti (76) - presidente de Panedile Argentina S.A.-; Jorge Juan Mauricio Balán (68) - presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.-; Juan Carlos Lascuraín (79) -expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.-; Miguel Ángel Marconi (66) -directivo de Supercemento S.A.I.C.-; y Rubén David Aranda (61) -presidente de Chimen Aike S.A.-.

Posteriormente, se enunciaron las imputaciones por encubrimiento al exasesor del gabinete de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, secretario adscripto para Asuntos Especiales y asesor presidencial, Julio Daniel Álvarez (53), entre diciembre de 2003 y febrero de 2010; y por tenencia ilegítima de armas de fuego respecto de Otero.

Algunas de las anotaciones del chofer imputado, Oscar Centeno. Foto: Fiscalía General N°5 ante los TOF de la Capital Federal

Luego, se efectuó un cuarto intermedio de 15 minutos, tras lo cual se continuó la lectura del acápite titulado “Los cuadernos”, donde se consignaron las anotaciones efectuadas por el chofer Centeno en sus ocho cuadernos, consideradas de interés por el fiscal Stornelli y agrupadas según la empresa o persona a las que hacen referencia.

Luego, se prosiguió con la lectura de los descargos efectuados por Centeno, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); Wagner; Sánchez Caballero; Ferreyra; Mundín; Neira; Loson; Glazman; el exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Hernán Camilo Gómez (48); el exsecretario privado de Baratta, Nelson Lazarte (47); y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta (52).

La audiencia concluyó pasadas las 15, previo a que se les cediera la palabra a los abogados defensores José Manuel Ubeira (Thomas), Laura Fechino (Gómez), Federico Paruolo (Periotti), Mariano Di Meglio (García Ramón), Rodolfo Iglesias (Lazarte), Alejandro Rúa (Baratta), Aníbal Ibarra (Álvarez), Fabián Lertora (De Sousa / Cristóbal López), Hugo Palmeiro (De Vido / Schiavi), quienes requirieron estar presentes en la audiencia ante la Cámara Federal de Casación del próximo martes y que se mantenga el cronograma establecido en la audiencia ordenatoria.

Tras una breve deliberación, el TOF señaló que informarían a la Casación la intención de participar en la reunión, y que, en aquellos casos donde se superpusieran audiencias, arbitrarían los medios para subsanarlo. También, señalaron que, a la brevedad, informarían el nuevo cronograma.

El juez Méndez Signori dispuso un cuarto intermedio hasta el 20 de noviembre próximo a las 9, cuando se continuará con la lectura de los otros dos requerimientos correspondientes a los restantes tramos de la pesquisa que, se estima, se extenderá hasta la audiencia del 20 de noviembre.

Cabe destacar que, a diferencia de la audiencia previa, el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75), siguió la jornada desde la sala del TOF N°7. Ello, por cuanto esta mañana se entregó ante el Tribunal Oral Federal N°4 y quedó detenido luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara su condena a 4 años de prisión en la causa por la tragedia ferroviaria del tren Sarmiento en la Estación Once, ocurrida en 2012 y en la que fallecieron 52 personas.

En la jornada del 6 de noviembre pasado, el tribunal había enumerado las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas, en cada caso, a Cristina Fernández de Kirchner (72), De Vido, Baratta, Wagner, al titular de la financiera Inverness S.A, Ernesto Clarens (74); al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) entre 2003 y 200, Claudio Uberti (67); Centeno; Ferreyra; al exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal y titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas (entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015), Ariel Nivello (57); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López (65); Thomas; al exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); al excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); Lazarte; al exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); al exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); Gómez; y al exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48).

Los casos juzgados

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.

Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

El listado completo de las 87 personas imputadas, entre funcionarios y empresarios, puede consultarse aquí.

¿Cómo sigue el debate?

Antes de que la Cámara Federal de Casación Penal celebre su reunión, el próximo 18 de noviembre, está previsto que el debate continue el jueves 20 de noviembre, con la lectura de los otros dos requerimientos correspondientes al segundo y tercer tramo de la pesquisa desarrollada por el fiscal Stornelli que, se estima, se extenderá hasta la jornada del 25 de noviembre.

El 27 de noviembre se leerá el requerimiento en la causa denominada “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales y, finalmente, el 2 y 4 de diciembre se leerá la acusación en las investigaciones -también desarrolladas por la Fiscalía Federal N°4- respecto de las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales.