El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 culminó hoy con la lectura de la tercera parte de la acusación en la causa “Cuadernos”, sobre la existencia de una asociación ilícita, que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, y que estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, que montaron un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales.

En la audiencia también leyeron los fragmentos de la acusación formulada por la Unidad de Información Financiera (UIF) -que interviene en el debate como parte querellante- representada por el abogado Mariano Galpern.

Tras ello, el TOF 7 -integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel, como cuarto juez- dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 9 de diciembre a las 13.30, cuando comenzará la lectura de otro de los requerimientos formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli, ante el fallecido juez Claudio Bonadío.

El Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general Estela Fabiana León -a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOF- junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.

El tercer tramo de la causa

Luego de que, en la audiencia anterior, el tribunal se abocara a rechazar el planteo de recusación formulado por la defensa del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido, la jornada de hoy comenzó pasadas 9.30 para retomar la lectura.

Previo a ello, la secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola informó que el imputado Gerardo Luis Ferreyra (75) -exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A.- fue “eximido de estar con cámara encendida por encontrarse internado en virtud de una intervención quirúrgica”, y se hizo lo propio con el imputado Néstor Emilio Otero (87) -accionista mayoritario de TEBA S.A.- por presentar “un cuadro de gastroenteritis aguda con signos de deshidratación”.

Luego, se leyó la valoración probatoria efectuada oportunamente por el fiscal Stornelli, en su requerimiento del 21 de septiembre de 2022, respecto de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti (76) -presidente de Panedile Argentina S.A.-, Jorge Alberto Tasselli (79) -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-. y Jorge Juan Mauricio Balán (68) -presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.-, acusados por cohecho activo; y del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Roberto Baratta (52); y a su secretario privado Nelson Lazarte (47), a quienes se les imputa el delito de cohecho pasivo. Además, sobre Baratta también se le endilga el delito de admisión de dádivas.

En su presentación, el fiscal Stornelli había considerado que la asociación ilícita encabezada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros funcionarios y empresarios llevó “adelante un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

En tal sentido, destacó que “funcionarios públicos de alta jerarquía de la administración pública nacional, personalmente o por intermedio de sus subalternos, se encargaron de recorrer asiduamente el circuito diagramado para la recolección del dinero, concretando encuentros con los responsables de las distintas empresas, en su mayoría, contratistas estatales, en las sedes de esas compañías o bien en otros lugares previamente acordados, para poder efectivizar cada una de las recaudaciones”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios. Este subgrupo tenía contacto personal con quienes hacían los aportes, y estaba conformado al menos por Roberto Baratta, Subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Nelson Lazarte, Secretario privado de Roberto Baratta; Hernán Diego Del Río, Secretario de José María Olazagasti y, éste último, que a su vez era Secretario privado de Julio Miguel De Vido”, indicó el fiscal en su requerimiento.

También, “el segundo grupo, por su parte, estaba integrado al menos por Carlos Guillermo Enrique Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y Ernesto Clarens, quien se encargaba, principalmente, de los asuntos financieros, y por José Francisco López”.

De acuerdo con la acusación “ambos grupos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.

La séptima jornada del juicio por la denominada causa Cuadernos, continuó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del MPF. Foto: captura de Zoom

La audiencia continuó con la lectura de la calificación legal asignada, oportunamente, por el fiscal Stornelli, y de los apartados “Relación circunstanciada de los hechos y motivos en los que se funda la acusación” y “Calificación legal” de los requerimientos de elevación a juicio de la Unidad de Información financiera, suscriptos por los abogados Mariano Federico, Agustín Biancardi y Martín Alejandro Olari Ugrotte -extitular y funcionarios de la UIF- los días 27 de junio y 16 de agosto de 2019.

Pasadas las 16.15, el TOF N°7 dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 13.30, cuando comenzará la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a la causa denominada “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas civiles en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

En esa causa están imputados Fernández de Kirchner, De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López (65); el exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad ´(DNV) y ex empleado de la financiera Inverness S.A. -entre los años 2003 y 2005- Sergio Hernán Passacantando (50); el exadministrador general de la DNV, Nelson Guillermo Periotti (80); el exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad, Sandro Férgola (60); el dueño de la financiera Inverness S.A., Ernesto Clarens (74), y otros 43 empresarios contratistas del Estado en obras públicas civiles.

Las próximas audiencias

De acuerdo al nuevo cronograma -el original se alteró por el tratamiento del planteo de recusación del Tribunal efectuado por la defensa de De Vido- en las jornadas del 9, 11, 16 y 18 de diciembre próximos, se leerán los acápites “El inicio de la causa”, “Los hechos”, “Los descargos de los imputados”, “Los acuerdos de colaboración”, “La valoración de la prueba” y “Autoría y participación” de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal, y los cinco primeros párrafos de la contestación de la vista del 4 de diciembre de 2019, de la causa por la cartelización de la obra pública civil. También está prevista la lectura de los apartados “Relación circunstanciada de los hechos y motivos” y “Calificación legal” del requerimiento de la UIF.

Finalmente, el 23 de diciembre será el turno de los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, donde se abordaron las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.

Los casos juzgados

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.

Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado y continuó los días 13, 20 , 25 y 27 de ese mes con la lectura de las imputaciones volcadas en los requerimientos de elevación a juicio.

En la audiencia del martes pasado, estaba previsto que se culminara la lectura del tercer requerimiento, pero la misma se destinó a tratar el planteo de recusación efectuado por la defensa de De Vido, el cual fue rechazado. Aquel día, sólo se leyeron los apartados “Los descargos de los imputados” y el aporte del exdirectivo del Grupo Techint, Héctor Alberto Zabaleta (79), quien había declarado en calidad de colaborador.

El listado completo de las 86 personas imputadas puede consultarse aquí.