El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 concluyó hoy con la lectura de los descargos de 32 de las personas imputadas y los aportes de 18 de los imputados colaboradores, en el primer tramo de la causa “Cuadernos”, en la que se investiga la existencia de una asociación ilícita, que funcionó entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de adjudicarles contratos estatales, y que, según la acusación, estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (72), y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 64 empresarios y dos exchoferes.

Además, el TOF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y su colega Néstor Costabel como cuarto juez para integrar el tribunal, comunicó la decisión adoptada tras la reunión del 18 de noviembre pasado con la Superintendencia de la Cámara Nacional de Casación Penal en la que debatieron la modalidad y frecuencia de realización del debate oral.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal general Fabiana León -a cargo de la Fiscalía General N°5 ante los TOF- junto al fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. También interviene el abogado Mariano Galpern, que representa a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La reunión con la Superintendencia de la CFCP y la decisión del TOF

El martes pasado, los jueces Méndez Signori y Fernando Canero -su colega Castelli no participó- se reunieron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Daniel Petrone; su vicepresidente, Diego Barroetaveña; y los presidentes de las Salas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques, a fin de acercar posiciones respecto a cómo darle mayor celeridad al debate, dada la cantidad de personas imputadas y testigos propuestos, que ascienden a más de 600.

Tras el encuentro, los jueces del TOF N°7 -que la semana pasada decidieron sumar, a partir del 25 de noviembre, una segunda audiencia para los días martes- presentaron un oficio en el que reiteraron los pedidos, oportunamente efectuados a los tribunales superiores y a la CSJN, en relación a la dotación de mayores recursos humanos, mejoras en la infraestructura edilicia, para que se los retire del sorteo para intervenir en nuevas causas y para que aquellos expedientes del fuero ordinario que tienen en trámite sean remitidos a aquel.

Finalmente, ayer, la Superintendencia de la CFCP dictó la Resolución N°316/25, mediante la que se hizo saber al TOF que “a partir del 10 de diciembre del corriente se tendrá a disposición la sala Auditórium ubicada en el edificio de Comodoro Py 2002, bajo amplías condiciones de uso”. Además, dispuso “elevar a la CSJN las peticiones efectuadas por este tribunal atinentes, entre otras cuestiones, al uso de la Sala de Derechos Humanos ubicada en la Planta Baja del Palacio de Justicia, donde el Tribunal tiene su sede”.

En virtud de ello, los jueces Méndez Signori y Canero informaron a las partes que “se estará a la espera las respuestas pendientes, previo a fijar el lugar en el que se llevarán a cabo las declaraciones previstas por el art 378 CPPN, de acuerdo con la modalidad fijada”.

Por su parte, el juez Castelli emitió su voto en el que señaló que “con peticiones, recursos e infraestructura satisfechos, sólo parcialmente, a lo largo de 6 años, el Tribunal logró iniciar el juicio oral y público en este proceso, en las condiciones que pudo” en el Palacio de Justicia.

Señaló que con la resolución 316/25 “finalmente se ha concretado aquella preocupación institucional reclamada por el Tribunal, a través el órgano casatorio, con dos antiguas peticiones referidas a la remisión de las causas ordinarias heredadas a la Justicia Criminal y Correccional, como así también a la eximición de turno en el sorteo de nuevas causas, por un tiempo”. Agregó que también se ofreció la Sala AMIA, de Comodoro Py, aun cuando el TOF solicitó la Sala de Derechos Humanos del Talcahuano 550, “pero atado a criterios de gestión judicial, y con menciones a frecuencia semanal de audiencias, en días inhábiles y futuras ferias judiciales, y priorización de criterios de presencialidad”.

Para el juez, “como este último aspecto concierne al propio criterio ya adoptado por el Tribunal para llevar adelante las audiencias, que ya se encuentra estabilizado frente a las partes, previo a toda eventual decisión corresponde la notificación a las partes, habida cuenta que, como se destacó el jueves pasado, el debate oral y público ya se inició, y se han activado, por tanto, especiales reglas de transparencia procesal y constitucional, que comprometen a este tribunal”.

“Incapacidad sobreviniente”

El Tribunal Oral en lo Federal N°7 resolvió, en los términos del artículo 336 inciso 5° del Código Procesal Penal de la Nación, apartar del debate y, en consecuencia, sobreseer a Enrique Menotti Pescarmona (83), presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF, dado que presenta “una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa progresiva”. La decisión se dio luego de que su abogado, Marcelo Nardi, manifestara la situación y los jueces dieran intervención a los especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF), quienes concluyeron que el hombre tiene “un cuadro compatible con deterioro cognitivo de moderado a grave”, por lo que no tiene “aptitud suficiente para estar en juicio”.

La tercera jornada del juicio por la denominada causa Cuadernos, continuó con la lectura de la acusación del MPF en los requerimientos de elevación a juicio. Foto: captura de Zoom

La tercera audiencia de debate

En la jornada de hoy, que comenzó a las 9.30, se eximió de participar en la audiencia a Néstor Emilio Otero (87) -accionista mayoritario de TEBA S.A.-, quien padece diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal y gota, por lo que se le indicó reposo por una descompensación asociada a sus patologías base.

Tras la lectura de la decisión del Tribunal respecto a la modalidad de realización del debate, se continuó con la lectura de los descargos efectuados por 32 de los funcionarios y empresarios imputados por el fiscal federal Carlos Stornelli en el primer tramo de la investigación sobre la recepción y entrega de dinero asentados por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) en sus cuadernos.

De este modo, se leyeron las declaraciones del exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Walter Rodolfo Fagyas (54); del exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48); de Juan Carlos De Goycoechea (60) -exdirectivo y representante legal del Grupo Isolux Corsan S.A.-; de Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-; de Rodolfo Armando Poblete (68) -gerente general de Hidrovía S.A.-; de Rubén Francisco Valenti (78) -directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; de Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; del exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal y titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas (entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015), Germán Ariel Nivello (57); y de Raúl Víctor Vertúa (68) -presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.-; de  Néstor Emilio Otero (87) -accionista mayoritario de TEBA S.A.-; y de Juan Carlos Lascuraín (79) -expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.-.

También se leyeron los descargos del exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); del exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); de Fernández de Kirchner; del extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) entre 2003 y 2007, Claudio Uberti (67); del exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López (65); de Hugo Alberto Dragonetti (76) -presidente de Panedile Argentina S.A.-; de Jorge Juan Mauricio Balán (68) -presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.-; de Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; de Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía S.A.-; de Ernesto Clarens (74) -titular de la financiera Inverness S.A.-; de Jorge Alberto Tasselli (79) -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-, de Osvaldo Atenor Acosta (75) -accionista mayoritario de Electroingeniería S.A.-; de Pescarmona; del exchofer Hernán Diego Del Río (48); del fallecido exsecretario privado de los Kirchner, Víctor Fabián Gutiérrez; del exasesor de Gabinete del Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretario Adscripto para Asuntos Especiales y Asesor Presidencia -entre diciembre de 2003 y febrero de 2010-, Julio Daniel Álvarez (53); del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); de Rubén David Aranda (61) -presidente de Chimen Aike S.A.-; y de Miguel Ángel Marconi (66) -directivo de Supercemento S.A.I.C.-.

Luego se leyeron los aportes efectuados por los imputados colaboradores Centeno, Juan Carlos De Goycoechea, Héctor Javier Sánchez Caballero (70) -directivo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.

La audiencia se reanudó a las 12.30, después de un cuarto intermedio de 15 minutos, con la lectura de las contribuciones de Calcaterra; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; Carlos Guillermo Enrique Wagner (82) -expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A.-; Jorge Guillermo Neira (74) -director de Electroingeniería S.A.-; Claudio Javier Glazman (62) -exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI)-; Roggio; del fallecido Juan Chediack -expresidente de José Chediack S.A.I.C.A.-; Uberti; Balán; Poblete; Romero; López; Tasselli; Valenti y Pescarmona.

Tras ello, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 25 de noviembre a las 13.30, cuando se concluirá con la lectura de los aportes de Clarens y Gutiérrez, y los restantes fragmentos de la primera pieza procesal.

Las próximas audiencias

Ayer, el TOF 7 comunicó a las partes el cronograma para las próximas jornadas.

En ese sentido, está previsto que, en las audiencias del 25 y 27 de noviembre y del 2 de diciembre, se concluya con la lectura de los requerimientos correspondientes al segundo y tercer tramo en la causa “Cuadernos”, formulados por Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadío, en la que se investiga el cobro de dinero para la adjudicación de obras públicas.

Luego, en las jornadas del 4, 9, 11 y 16 de diciembre, se leerán las partes de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y la UIF, en la causa denominada “La Camarita”, en la que se investigó la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Finalmente, el 18 de diciembre será el turno del requerimiento de la Fiscalía Federal N°4, en las causas “Trenes” y “Corredores Viales”, en las que se abordaron las maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos para esas actividades.

Los casos juzgados

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, denominada “La Camarita”.

Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.

El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner; y continuó el 13 de noviembre, también con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. En esa jornada, se dio lectura a un acápite titulado “Los cuadernos”, en el que se consignaron las anotaciones efectuadas por el chofer Centeno, consideradas de interés por el fiscal Stornelli y agrupadas según la empresa o persona a las que hacen referencia.

El listado completo de las 86 personas imputadas entre funcionarios y empresarios -eran 87 al inicio del juicio pero Enrique Menotti Pescarmona fue sobreseído por incapacidad-, puede consultarse aquí.