El 31 de julio de 2007 el paciente fue a atenderse a un consultorio por una operación en la nariz (fibroendoscopía rinosinusal y septumplastía). Pero al momento de aplicar la anestesia local, el médico lo hizo en un vaso sanguíneo en lugar de la mucosa, lo que provocó un pico de hipertensión en la persona que, a su vez, resultó en un accidente cerebrovascular a los 40 minutos de comenzado el procedimiento. Todo ello, en última instancia, se tradujo en una lesión irreparable (hemiplegía facio branquio crural).

Según estableció el Cuerpo Médico Forense en su informe, si el médico hubiera aspirado previamente con el émbolo la jeringa que contenía la anestesia, habría podido verificar que existía sangrado, y así advertir que la aplicación estaba haciéndose incorrectamente. Además, se constató que el traslado a un centro médico de mayor complejidad se demoró porque el consultorio no contaba con un ascensor apto para desplazar sillas de ruedas ni camillas. En ese sentido, el informe fue categórico en cuanto a establecer, en esa etapa procesal, la conducta reprochada al profesional y vincularla causalmente a las lesiones sufridas por la víctima.

Durante el transcurso del proceso, la defensa planteó la prescripción de la acción pero no prosperó y el sumario fue elevado a juicio. Luego, la defensa solicitó el beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba), pero la fiscal Andrea Giudice se opuso en una audiencia del 13 noviembre del año pasado, con fundamento en que existe un interés de la comunidad en establecer la idoneidad del profesional y que, incluso, su eventual responsabilidad penal en el hecho denunciado debería ser dilucidada en un debate oral y público. La defensa recurrió ante la Cámara de Casación, que aún no notificó el resultado.