Los fiscales que actuaron en el juicio oral en el que en 2022 la exmandataria fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, ponen a disposición el dictamen presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal. En la vista, se oponen a la prisión domiciliaria solicitada por la defensa. “La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción, al cumplimiento de la pena privativa de la libertad”, señalan y afirman que “no debe ser admitida automáticamente” por la mera circunstancia de que la persona condenada tenga más de 70 años. “La edad de las personas condenada es condición necesaria, pero no suficiente, para conceder el beneficio”, opinaron.