15 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El ex ministro de Economía declaró en la causa por sobresueldos
Cavallo: "Quienes cobramos los suplementos no pensamos que era un delito”
El ex funcionario menemista además estimó que el sistema “posiblemente venía de antes de la gestión del presidente”. Junto a otros ex ministros, está acusado del delito de peculado, que tiene penas de entre dos y diez años de prisión. La maniobra habría consistido en la implementación y ejecución de un sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica.

El ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo consideró hoy: “Ninguno de los que cobramos los suplementos pensamos que era un delito”, en el marco del juicio en el que está acusado de percibir sobresueldos durante las presidencias de Carlos Saúl Menem, junto a otros funcionarios e integrantes del gabinete. El ex primer mandatario entre 1989 y 1999, quien también llegó como imputado al debate oral y público, se negó a declarar luego de que el Tribunal Oral Federal N°4 diera a conocer el rechazo de los planteos interpuestos por las defensas y a los que se habían opuesto tanto los fiscales como la querellante Oficina Anticorrupción (OA).

Según la acusación, Cavallo habría formado parte entre el 31 de enero de 1991 y el 26 de julio de 1996, mientras estuvo a cargo del Palacio de Hacienda, de la implementación y ejecución del sistema que posibilitó la sustracción de fondos públicos en forma periódica. En el requerimiento de elevación a juicio, se detalla una reunión de Gabinete celebrada entre fines de 1992 y principios de 1993, en el que le dio directivas a ministros, secretarios de Presidencia y a Menem para que consignen en sus declaraciones de ingresos sumas incorporadas a su patrimonio en una proporción que "posteriormente les permitiese alegar que esos montos tenían una finalidad salarial compensatoria".

Durante su extensa indagatoria que duró más de dos horas, dijo que esas declaraciones “fueron prueba de nuestra buena fe”. En ese sentido, adujo que en la administración pública “casi no había presupuestos”, que los salarios siempre se cobraban en efectivo y que por la hiperinflación no podían ser controladas las rentas, por lo que impulsó la redacción de la ley de Administración Financiera [ley 24156] y el decreto 838/94, que fijó los sueldos básicos y habilitó a los ministros a asignar un importe mensual en concepto de reintegro “para afrontar los gastos protocolares que la función les requiera”, de los cuales no debían rendir cuenta. Sin embargo, dijo que fue elaborado por las áreas técnicas y que simplemente lo firmó.

En otro tramo, estimó que el sistema “posiblemente venía de antes de la gestión del presidente Menem”. “Creo que pagar gastos protocolares cuando no estaba organizado el sistema no se puede considerar que era un delito”, señaló. Luego agregó: “Fue un procedimiento igual que los sueldos, pero proveniente de otro lado”. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, las sumas utilizadas como sobresueldos provenían de partidas presupuestarias asignadas a gastos reservados, "cuyo régimen especial dificultaba en gran medida el control estatal pues permitía la disposición del dinero en efectivo".

Por otra parte, consultado por los fiscales -en la audiencia de hoy representaron al Ministerio Público Stella Maris Scandura, Juan Patricio García Elorrio, Miguel Ángel Palazzani y Juan Manuel Gaset, como ad-hoc- dijo que no se firmaban recibos y que los gastos reservados se incluían en el sobre en el que se percibía el efectivo. “Nunca me fijé cuánto había, se los llevaba a mi esposa”, fue la curiosa respuesta.

El debate oral y público se reanudará el próximo martes 31 de marzo a las 9:30, jornada en la que continuarán las declaraciones indagatorias. La defensa de Raúl Granillo Ocampo adelantó que el ex ministro de Justicia hará uso de su derecho.