El Tribunal Oral Federal N°4, integrado por los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Horacio Obligado, dio inicio este viernes al juicio oral al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray, quien llegó al debate acusado por los delitos de instigación de falso testimonio, revelación de secretos fiscales, abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público. También están siendo juzgados el ex subdirector general de Fiscalización, Horacio Curien, y el ex subdirector general de asuntos jurídicos del organismo, Pedro Roveda, por falso testimonio agravado en perjuicio del ex ministro de Economía de la Nación Alfonso Prat Gay. En representación del Ministerio Público Fiscal actúa la fiscal general de Investigaciones Administrativas Dafne Palopoli.

La causa se inició a partir de una denuncia realizada por Prat Gay el 15 de diciembre del 2014 por el delito de falso testimonio a los funcionarios públicos mencionados. De acuerdo a la acusación, Echegaray había tenido acceso, a través de un convenio bilateral con la República de Francia, a información relativa a fondos depositados en cuentas bancarias de Suiza en el HSBC Bank, conocida como "lista Falcioni" -por el nombre de quien robó los datos-. De esta manera, el entonces titular de la AFIP obtuvo un disco entregado por las autoridades tributarias francesas que contenía "información financiera y bancaria referida a contribuyentes argentinos que se encuentra vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos en la entidad bancaria HSBC en dicho país".

En este marco, Echegaray denunció ante la prensa -y también ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11- que Prat Gay era parte de una plataforma que permitía evadir impuestos y el ocultamiento de la real identidad de los autores de dichos delitos financieros. Según la investigación, Echegaray instigó a Curien y Roveda a cometer falso testimonio. Los funcionarios habían denunciado la existencia de una plataforma facilitadora para la evasión "conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras" y señalaban a Prat Gay como una de las personas que había posibilitado "la evasión de impuestos".

A partir del 2006 Prat Gay fungía como apoderado y administrador del usuario de Internet en cuentas bancarias pertenecientes a María Amalia Lacroze de Fortabat y a su nieta Amalia Amoedo. En su rol de apoderado poseía la responsabilidad de operar en la compraventa de acciones, certificados, bonos y demás inversiones individualizadas en un poder. Los ex funcionarios señalaron que los fondos destinados en esas cuentas no se encontraban declarados en su totalidad. Sin embargo, la información fue desmentida por una pericia aportada por la querella. El peritaje expuso que el monto denunciado se encontraba incluido en la declaración jurada de bienes personales de 2006 de Lacroze de Fortabat.

La acusación

"Se pretendió involucrar a Alfonso de Prat Gay en una maniobra presuntamente ilícita a través de la realización de una denuncia penal, que fue ratificada bajo juramente de decir verdad, cuando razonablemente no se contaba con elementos mínimos que pudieran sostener tal hipótesis", explicó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli, al momento de requerir la elevación a juicio.

Asimismo, en esa pieza el MPF consideró probado que "Echegaray en su carácter de superior jerárquico en tanto administrador de AFIP determinó a los funcionarios públicos Curien y Roveda a afirmar una falsedad en el expediente judicial y señalaron a Prat Gay por integrar una plataforma facilitadora de evasión fiscal.”

En este mismo sentido, los estudios periciales citados por el MPF señalan que "los valores supuestamente ignorados y no declarados por los contribuyentes que representaba Alfonso de Prat-Gay no fueron tales, sino que había sido declarado ante la AFIP".

La audiencia

En la apertura del juicio estuvo presente como querellante Prat Gay. Durante la audiencia se leyó el requerimiento de elevación a juicio. Asimismo, la defensa de los imputados solicitó que se les otorgue más tiempo para que se puedan interiorizarse del expediente iniciado por la denuncia de los imputados ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11. Según argumentaron las defensas, dicho expediente recién estuvo a su disposición 48 horas antes del comienzo del juicio. A raíz de esa solicitud el tribunal otorgó quince días para que las defensas pudieran analizar la causa mencionada.