El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°8 comenzó este martes el juicio contra tres exfuncionarios y un abogado, acusados de haber montado a comienzos de 2011 una operación para entorpecer y manipular el proceso judicial que investigaba el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010. De acuerdo a la investigación, llevada adelante por la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº10, Paloma Ochoa, los involucrados tenían el objetivo de favorecer al fallecido sindicalista José Pedraza y al resto de los procesados en aquél caso. En el debate intervienen el fiscal titular de la Fiscalía General N° 8 ante los Tribunales Orales Federales de Capital Federal, Marcelo Colombo, y la auxiliar fiscal Agustina D'Angelo.

Ante el juez Nicolás Toselli y las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iñiguez, el MPF y la querella a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) leyeron los requerimientos de elevación a juicio donde detallaron las maniobras investigadas y la responsabilidad de los implicados. El debate continuará el próximo 2 de septiembre.

Las acusaciones

El abogado Octavio Luis Araoz de Lamadrid llegó acusado por los delitos de tráfico de influencias agravado reiterado en dos oportunidades y cohecho activo. Con respecto al exvicepresidente de "Belgrano Cargas” Ángel Luis Stafforini, en el requerimiento se lo señaló como autor de dos episodios de cohecho activo (uno de ellos agravado).

Por su parte, el exfuncionario judicial, Luis Ameghino Escobar, integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal, fue considerado partícipe necesario del tráfico de influencias y autor del delito de cohecho pasivo. Por último, la exdirectora suplente de Belgrano Cargas SA, Susana Rita Planas, fue apuntada por su participación secundaria en dos episodios de cohecho activo, uno de ellos agravado.

En la causa también se encontraban imputados el exagente de la Secretaría de Inteligencia (ahora SIDE) Juan José Riquelme y el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza, pero fallecieron antes del comienzo del juicio oral.

El inicio de la causa

La investigación comenzó el 12 de enero de 2011, luego de que la jueza que tenía el caso por el crimen de Mariano Ferreyra detectara nuevos hechos delictivos que se desprendían de las escuchas telefónicas ordenadas en el expediente y que excedían el objeto principal de su causa. La maniobra habría comenzado a planificarse por lo menos en diciembre de 2010 y se desarrolló durante toda la feria judicial. Recién culminó el 1° de febrero de ese año cuando se dispusieron una serie de allanamientos, requisas y secuestros.

La fiscalía señaló que "hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra".

Cabe recordar que la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra había comenzado el 20 de octubre de 2010. Aquel día, un grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados reclamaba por su situación cuando fueron agredidos por integrantes de la Unión Ferroviaria (UF). Como resultado de ese ataque, fue asesinado Ferreyra, militante del Partido Obrero, y resultaron gravemente heridos Elsa Rodríguez, Nelson Fabián Aguirre y Ariel Benjamín Pintos. En noviembre de aquel año, fueron procesados varios de los implicados en la secuencia y a fines de diciembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa decisión, al mismo tiempo que rechazó las excarcelaciones.

Según las conversaciones que mantuvieron Aráoz de Lamadrid, Riquelme y Pedraza y se incorporaron al expediente, se vislumbró un "entramado de vínculos y negociaciones que se desarrollaron entre un grupo más amplio de personas, con roles precisos y diferenciados", cuya finalidad era direccionar la designación de la Sala de la Cámara de Casación que intervendría en el expediente a partir de los recursos presentados por las defensas contra la decisión que les había negado la excarcelación.

Para ello, se encargarían de manipular el sorteo, de modo tal que fueran finalmente analizados por la Sala III de la Cámara Federal de la Casación Penal, en esa época conformada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci.

De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, la predeterminación sobre el tratamiento de los recursos fue posible "gracias a las maniobras ilícitas orquestadas y desarrolladas" por los imputados.  "Los demostrados vínculos personales preexistentes que mantenían algunos de los procesados con los Magistrados que decidirían los recursos presentados en la causa sumado a la prometida y luego efectiva selección irregular de la Sala de la Cámara de Casación Penal que trataría el asunto, exhibieron cómo los agentes que aceptaron y recibieron la suma dineraria de los interesados para influir en las actuaciones; poseían una auténtica capacidad de afectar la actividad de la Administración de Justicia", se explicó en esa pieza acusatoria.

A su vez, la fiscalía señaló que "hubo un pacto previo entre las personas implicadas, quienes desarrollaron una serie de acciones escalonadas tendientes a lograr la revocación de los procesamientos y la liberación de los siete imputados por el crimen de Mariano Ferreyra". Esas acciones tenían como motivación central impedir que Pedraza, en ese momento máximo responsable del sindicato de la Unión Ferroviaria y sobre el cual se estaba analizando paralelamente su llamado a indagatoria, resultara finalmente involucrado en aquella investigación.

La acusación sostiene que se vislumbró un "entramado de vínculos y negociaciones", cuya finalidad era direccionar la designación de la Sala de la Cámara de Casación que intervendría en el expediente a partir de los recursos presentados por las defensas contra la decisión que les había negado la excarcelación.

Los montos de dinero involucrados

Según la investigación, los imputados que enfrentan el juicio y los fallecidos Pedraza y Riquelme forjaron distintos pactos venales dirigidos a la selección irregular de los magistrados de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal (actualmente Cámara Federal de Casación Penal) que intervendrían y habrían de resolver los planteos recursivos, "con el propósito de ejercer influencia sobre ellos -en base a la utilización de vínculos reales y preexistentes- para que la decisión jurisdiccional respondiera a las pretensiones particulares de aquellos".

De esa forma, se indicó que Riquelme y Aráoz de Lamadrid recibieron por parte de Pedraza dinero, en cumplimiento de una promesa aceptada entre noviembre y diciembre de 2010, para hacer valer indebidamente su influencia ante el juez Eduardo Rafael Riggi -en esa época integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal y sobreseído en las presentes actuaciones-, y bien, directa o indirectamente a través del propio magistrado sobre los restantes integrantes de la Sala.

De acuerdo con la evidencia recolectada, el 5 de enero de 2011, Riquelme percibió de la Unión Ferroviaria 3.500 pesos en concepto de "pago prometido", a través de un cheque librado por esa suma. A su vez, también en cumplimiento de lo pactado, el 1 de febrero de 2011, Aráoz de Lamadrid recibió en su estudio 50.000 dólares de parte de Stafforini y de Planas. El dinero entregado fue en concepto del pago parcial del total de la dádiva acordada previamente. Supuestamente habían quedado pendientes de pago otros 25.000 dólares.

Cabe resaltar que esos 50.000 dólares provinieron del erario de la Unión Ferroviaria y/o de la compañía Belgrano Cargas SA. Por aquel entonces, el paquete accionario de Belgrano Cargas SA pertenecía a la "Unión Ferroviaria" en un 99% y aquella compañía, además, era presidida por la cónyuge de Pedraza y la vicepresidencia estaba a cargo de Stafforini.

Con respecto a Ameghino Escobar, en el requerimiento se especificó que si bien pudo haber cobrado pagos u obtener beneficios anteriores, se comprobó que la dádiva acordada con el funcionario se encontraba contenida -de manera total o en parte- en los 50.000 dólares que Aráoz de Lamadrid recibió.

A su vez, fue Araoz de Lamadrid, quien había sido compañero de trabajo por más de una década con Ameghino Escobar –ambos como colaboradores del juez Riggi-, quien se encargó "de manera personal de formular el ofrecimiento espurio a quien se desempeñaba en la función pública y estaba en condiciones de materializar la maniobra que garantizaría el resultado encomendado".