30 de enero de 2023
30 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal Fabián Céliz
Comenzó un juicio contra cinco personas acusadas de realizar 350 estafas
Los cinco acusados crearon una sociedad que se encargaba supuestamente de gestionar créditos para comprar viviendas. Con la maniobra, habrían obtenido 2.870.500 pesos y 23.800 dólares. Dos víctimas declararon en el debate: “me dolió ese dinero, me quedé en la calle”, manifestó una de ellas.

El juez Nicolás Toselli comenzó el juicio a cinco personas acusadas de realizar 350 estafas entre diciembre de 2006 y fines de 2008. Los imputados supuestamente gestionaban créditos para la compra de viviendas bajo la fachada de un estudio inmobiliario, jurídico y financiero al que denominaron “Alfa y Asociados”. Para ello, le exigían a las víctimas una seña a modo de adelanto, que solía rondar los diez mil pesos. En total, la maniobra les habría generado un beneficio de 2.870.500 pesos y 23.800 dólares. En el debate, interviene el fiscal Fabián Céliz.

Gustavo Cañete, Iván Malfatti, Gonzalo Rearte, Juan Martín Scordamaglia y Guillermo Trigas Vilas crearon e integraron “Alfa y Asociados” en 2006, en la que nombraron como socia gerente a una mujer que resultó ser una “prestanombre”. Desde el supuesto estudio se ofrecían propiedades a la venta (a veces sin autorización del dueño) con amplias facilidades de pago a través de los créditos que supuestamente gestionaban pero que, en realidad, jamás iban a gestionar. Incluso, en algunos casos, le ofrecían la misma vivienda a diferentes personas.

De acuerdo a la jurisprudencia, podrían llegar a recibir una pena de hasta doce años de prisión. Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Martín Mainardi, los imputados ofertaban en diferentes medios las viviendas. Cuando un interesado concurría a las oficinas de la firma, ubicadas en la calle Uruguay al 200 en la Ciudad de Buenos Aires, le requerían la entrega de un adelanto y le hacían suscribir un “mandato de gestión de crédito”. Mediante ese papel, Alfa quedaba autorizada para realizar los trámites correspondientes para el crédito.

No obstante, en los casos que se analizaron, y luego de que pasara un tiempo desde la firma, los acusados les exigían a los damnificados nuevos requisitos hasta que, finalmente, se les decía que no reunían las condiciones necesarias para acceder al préstamo. Cuando las víctimas intentaban recuperar lo que habían adelantado, se les decía que no había reintegro posible ya que el dinero había sido utilizado para “gastos administrativos” y honorarios. Cabe resaltar que ninguno de esos gastos fueron individualizados o acreditados.

Los imputados supuestamente gestionaban créditos para la compra de viviendas bajo la fachada de un estudio inmobiliario, jurídico y financiero al que denominaron “Alfa y Asociados”.

El juicio

Los cinco acusados se negaron a declarar ante el juez. Luego de algunas cuestiones preliminares, declararon dos víctimas de las estafas. La primera, una jubilada de 73 años, explicó que encontró en el diario “Segundamano” en julio de 2008 una propaganda de casas que se vendían a precios accesibles y con un crédito de por medio.

Aseguró que concurrió a unas oficinas en el centro porteño y que fue atendida por tres de los imputados (a los cuales reconoció en la sala de audiencias). “Entregué diez mil pesos e iba a tener que pagar una mensualidad de 450 pesos por la vivienda”, explicó y recordó que le dieron un contrato por esa suma aunque después le pidieron 3000 pesos más.

Expresó, además, que fue a ver la casa con su marido y hasta hablaron ambos con la dueña. Después de consultar varias veces sobre cómo iban los trámites, les dijeron que iban a realizarle “un estudio socioambiental” para ver como vivían pero que nunca fue nadie. Apuntó que se enteraron por televisión del “escándalo” que había con Alfa y que, a partir de eso, fueron nuevamente a las oficinas de la firma para reclamar el dinero. Ante las preguntas de la fiscalía, dijo que tanto ella como su marido estaban jubilados pero que si juntaban ambos ingresos podían acceder a pagar el préstamo.

“Me dolió ese dinero, me quedé en la calle”, se lamentó. El segundo en declarar fue un un hombre de 50 años, que llegó a Alfa de la misma manera. Cuando fueron al estudio, les dieron la dirección de una casa en Berazategui, que fueron a ver y que les pareció interesante. Fue por ello que volvieron al lugar, pagaron 10000 pesos como adelanto y firmaron varios papeles.

"Esta metodología delictiva rendía sus frutos por la enorme cantidad de personas que existen en nuestra sociedad que por sus calidades personales y nivel socioeconómico están excluidas del sistema bancario y financiero", evaluó la fiscalía de instrucción.

Contó que, a partir de ese momento, llamó varias veces y que siempre le decían que estaba por salir, que sólo faltaba un departamento crediticio. Al igual que la jubilada, se enteró de lo sucedido por la televisión. “El dinero era nuestro, producto de todos nuestros ahorros”, contó.

En el requerimiento fiscal de elevación a juicio se había detallado que en todos los casos había una “idéntica metodología”: personas que no reunían los requisitos para poder acceder a los préstamos que se promocionaban, lo que demostraba que las respuestas que les daban no eran reales sino que respondían a plan para hacerse del dinero que habían aportado las víctimas.

Se explicó que era fundamental el tratamiento individual que se le daba a cada uno de los damnificados ya que el desconocimiento de la existencia de otras personas en circunstancias similares era lo que los podía llevar al convencimiento de que calificaban para los préstamos. “Esta metodología delictiva rendía sus frutos por la enorme cantidad de personas que existen en nuestra sociedad que por sus calidades personales y nivel socioeconómico están excluidas del sistema bancario y financiero y por ende el acceso al financiamiento que otorga la banca regular”, se detalló. El juicio continuará el viernes.

 

La investigación

Para la fiscalía de instrucción, los hechos no se trataron de negocios lícitos que no prosperaron sino respondieron “a un montaje y al accionar de quienes crearon una empresa con el fin de estafar gente”. Alfa no estaba inscripta ni mucho menos habilitada ante la Cámara Inmobiliaria Argentina y no se registraron tampoco entre 2006 y 2007 los pagos de tributos respecto de las operaciones que, incluso fallidas, tendrían que haber sido registradas.

Ninguno de los cinco imputados solicitaron ni siquiera información alguna para determinar si las personas podían acceder a préstamos. Esas gestiones por las que cobraban nunca se iniciaron. De los allanamientos que se realizaron en su momento, no se encontró documentación que permitiese afirmar que alguna vez se hubieran realizado gestiones. No se recabó tampoco facturación por los gastos administrativos que decían tener y por los cuales les retenían el dinero a las víctimas.