01 de febrero de 2023
01 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de septiembre
Condenaron a penas de entre tres y siete años de prisión a los integrantes de una banda que realizó más de 300 estafas inmobiliarias
“Alfa y Asociados” era un estudio inmobiliario, jurídico y financiero que funcionó entre 2006 y 2008 y que supuestamente gestionaba créditos para la compra de viviendas pero que, en realidad, no realizaba ningún trámite. Intervino la Fiscalía General Nº 21 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.

El juez Nicolás Toselli condenó hoy a cuatro hombres a penas que van de los tres a los siete años de prisión por integrar una organización que se dedicaba a realizar estafas. La Fiscalía, representada por el fiscal Fabián Céliz y el auxiliar fiscal Norberto Baldanza, había pedido penas de entre cuatro y once años de prisión, y había calculado que la maniobra habría generado un beneficio de más de 2.700.000 pesos. Los fundamentos se conocerán el próximo 5 de septiembre.

“Alfa y Asociados” fue creada por Juan Martín Scordamaglia y Gonzalo Rearte a comienzos de 2006. Nombraron a una mujer como socia gerente (que resultó ser una “prestanombre”) y comenzaron a publicitarse como un estudio inmobiliario, jurídico y financiero que ofrecía gestionar créditos con amplias facilidades de pago, aunque en realidad jamás los gestionaron.

La operatoria consistía en requerir a la gente que firmara una serie de documentos y que entregaran un “adelanto” de dinero, que solía ser de diez mil pesos. El trabajo de Alfa era, supuestamente, realizar las gestiones a través de una entidad bancaria o crediticia. Sistemáticamente, pasado un tiempo desde la firma, se les exigía a los damnificados nuevos requisitos para que se aprobara su pedido hasta que finalmente se les informaba que había sido rechazado. En la mayoría de los casos, el dinero nunca fue reintegrado sino que se alegaba que se lo retenían en concepto de “gastos administrativos” u “honorarios”.

Scordamaglia fue condenado a siete años de prisión por ser coautor de 347 estafas. La Fiscalía había pedido en este caso una pena de once años. Guillermo Trigas Vila ingresó después a la firma, entre mayo y junio de 2007 y atendía a los supuestos clientes. Fue condenado a cuatro años de cárcel por su participación en 272 hechos.

Iván Malfatti cumplía un rol “jurídico” en la sociedad (se hacía pasar como abogado) y fue condenado a tres años y seis meses de prisión por ser coautor en dos casos y partícipe necesario en 107 estafas. Gustavo Cañete era una especie de cadete y el juez le fijó una pena de tres años de cárcel en suspenso.

Los cuatro implicados hablaron antes de conocerse el veredicto. Tanto Trigas Vila como Malfatti y Cañete pidieron disculpas por lo realizado y manifestaron su “arrepentimiento”. Scordamaglia sostuvo que los diez años de proceso resultaron una “agonía”.

La maniobra

La Fiscalía ejemplificó en su alegato con varios casos cómo se llevaba adelante la maniobra: se publicaba en un medio gráfico (generalmente en la revista “Segunda Mano”, dirigida a personas que querían adquirir bienes a bajo costo) la oferta de créditos. A veces, se publicitaban propiedades concretas, siempre con precios y una financiación muy convenientes. El monto de la cuotas, que se extendían por varios años, hacía que la oferta fuera “tentadora” para la población a la que estaban dirigidas las publicaciones.

En el juicio, muchas de las víctimas manifestaron sus necesidades económicas, algunos tenían trabajos en negro, otros veían de zonas muy humildes. Entre los damnificados había amas de casa, soldadores, jubilados, desempleados; personas que difícilmente podían acceder al crédito bancario tradicional. Muchos de ellos, al recordar la situación que vivieron, se quebraron y lloraron durante el debate. “Acceder a la casa propia era el objetivo de su vida y esa vulnerabilidad fue aprovechada por los acusados”, sostuvo la Fiscalía. También, destacó que la oficina elegida, en pleno centro porteño sobre la calle Uruguay, era para generarle a las víctimas “confianza y seguridad”.

Durante la investigación, llevada adelante por el fiscal Martín Mainardi, se recolectaron dentro de la oficina unas 260 carpetas con documentación. A las víctimas se les requería una copia del DNI, recibo de sueldo o de las tareas laborales que llevaron a cabo, si las hacían. Esa carpeta se completaba con los contratos de gestión y administración que les hacían y con el recibo del dinero recibido.

“El engaño era idóneo para inducir a error a las víctimas para conseguir la entrega voluntaria del dinero”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal. Explicó que el trato con las víctimas era muy cordial al principio y luego se las ignoraba. Recordó que no hay prueba de que haya tenido éxito alguno de los créditos: nunca solicitaron ante entidades crediticias algún tipo de trámite ni hay informes de pagos de tributos o de operaciones realizadas. No había ninguna gestión, trámite o consulta que justifique los honorarios o gastos que decían tener.