El fiscal Federico Delgado, titular de la Fiscalía N° 6 en lo Criminal y Correccional Federal, realizó el tercer informe sobre análisis de casos que integran los turnos con las fuerzas de seguridad. Entre otras cosas, el examen incluyó una pormenorizada lectura de cada uno de los expedientes relacionados con el delito de tenencia de drogas para consumo personal. Esto se debió a que en un primer momento, la tarea había comenzado con el objetivo de establecer, en esos casos, posibles lugares de comercialización de estupefacientes que podrían haber pasado inadvertidos y, a la vez, detectar si existían repeticiones de testigos en los procedimientos que encaraba la policía.
En este tercer informe (los otros dos se habían realizado durante el año 2011), el fiscal se enfocó en los siguientes elementos: 1) el lugar de los hechos y la fuerza de seguridad que intervino; 2) las circunstancias de la detención; 3) la cantidad y tipo de drogas secuestradas; 4) los testigos del procedimiento, y 5) los datos de los imputados.
El primer dato revelador que obtuvieron fue el que les indicó que de todas las causas iniciadas durante el último turno con las fuerzas de seguridad, el 69 % fueron infracciones a la ley de drogas. El porcentaje restante se debió a hechos vinculados con otros delitos, como infracciones a la ley de marcas, secuestros o amenazas de artefactos explosivos. Asimismo, el 57 % de las infracciones a la ley de drogas fueron por tenencia de estupefacientes para consumo personal. Esta circunstancia, que se reiteró en los tres informes, les sirvió para concluir que la mayoría de los casos relacionados con drogas ilegales terminan “en la nada”. En especial, luego de que la Corte Suprema dictara el fallo “Arriola” en agosto de 2009. En efecto, luego de sobreseer a los imputados, el 87 % de las causas terminaron archivadas.
Lo anterior, según el informe, hace hincapié en el costo humano y económico que implica para el Estado llevar adelante todos estos procesos, que están lejos de atacar con propiedad el problema de la narcocriminalidad. Sin embargo, para Delgado también da cuenta de la posible creencia errónea que tiene la ciudadanía acerca de cómo procede el sistema legal respecto al consumo de estupefacientes en la vía pública. En este sentido, para el fiscal es de suponer que si existiera conciencia acerca de las consecuencias que puede traer aparejado ser encontrado en poder de drogas ilegales para consumo personal (detención y formación de causa penal), la gente no lo haría en la calle con tanta soltura.
Una de las preguntas que se formula Delgado es qué sucede con las investigaciones sobre presunta comercialización de estupefacientes. Aproximadamente el 39 %, señala el informe, comenzaron por denuncias anónimas y fueron desestimadas, mientras que el 61 % restante se inició en tareas de prevención o denuncias formalmente válidas. De este último número, a su vez, el 46 % de las causas fueron archivadas y sólo el 5 % fueron elevadas a juicio. El resto aún sigue en trámite.
Finalmente, el trabajo también buscó reflejar cómo las fuerzas de seguridad detectaban este tipo de casos. El resultado fue categórico: un 58 % de las causas se iniciaron por lo que comúnmente se conoce como “olfato policial”: los policías observan alguna actitud sospechosa que motiva la detención de la persona, que se vincula, al mismo tiempo, con la vestimenta que llevan los sujetos seleccionados. Esto, según Delgado, no hace más que estigmatizar a las personas, una característica de la selectividad con la actúa el derecho penal en la sociedad. Las zonas en las que se registraron mayor cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo también se debieron a esta estigmatización con la que actúa el sistema punitivo del Estado.
En la última parte del informe, Delgado señaló que si bien los datos eran aproximados, de todas maneras expresaban de una forma genérica y genuina el modo en que funciona y opera un turno con las fuerzas de seguridad en el fuero federal.