En el marco del juicio por el derrame petrolero producido por el buque “Presidente Arturo Illia” de la empresa Antares Naviera el 26 de diciembre del 2007 en la costa ubicada a la altura del barrio Caleta Cordova de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el fiscal general Teodoro Nürnberg pidió una condena de cinco años de prisión para el capitán Ricardo Avalos, de tres años y ocho meses de prisión para el oficial del buque, Rubén Valle, y de cuatro años de prisión para el superintendente de la empresa, Raúl Alfredo Gémini, por considerarlos responsables de verter hidrocarburos en el mar y contaminar el ambiente.

En su alegato, el fiscal sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que la contaminación fue producto de una falla que ocurrió en el momento en que se realizaban las operaciones de descarga de lastre y carga de crudo a causa de un fuelle roto, que fue por donde se filtró la sustancia. Además explicó que, a través de los peritajes realizados por la Prefectura Naval, se pudo identificar la rotura de aquella parte del sistema y que el estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) constató que el petróleo que inundó la costa local provino del buque Illia.

En ese sentido, el fiscal destacó como agravante de la conducta de los imputados que, al tomar conocimiento del vertimiento al mar de los hidrocarburos, se retiraron del lugar, sin dar aviso y sin implementar el plan de contingencia. Incluso, señaló el representante del MPF, existieron maniobras para intentar la ocultación de lo ocurrido y para desaparecer rastros que el buque presentaba del petróleo volcado al mar.

El fiscal Nürnberg sostuvo que en el caso los imputados actuaron con dolo eventual, que sabían que el buque no estaba en condiciones y que no hicieron los chequeos necesarios y pertinentes para confirmar que pueda transportar la sustancia sin ningún tipo de problemas. Dijo que privilegiaron el interés económico y comercial por sobre las riesgos para el medio ambiente.

Por lo tanto, el fiscal acusó al capitán Avalos y al superintendente Gémini como coautores del hecho, mientras que al oficial Valle lo consideró partícipe necesario. En esa línea, refirió que, en consideración del artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos que remite al artículo 200 del Código Penal, solicitaba la pena de cinco años a Avalos con el máximo de la multa económica de 200 mil pesos, de cuatro años para Gémini con igual multa, y de tres años y ocho meses a Valle, con una multa de 150 mil pesos.

Con respecto a los otros dos tripulantes que llegaron imputados al juicio, Raul Pascal y Mariano Giordano, la fiscalía se abstuvo de acusar, por entender que en el ámbito de sus decisiones no se los podía vincular con algún tipo de responsabilidad en el caso.