En consonancia con lo solicitado por el titular de la Fiscalía General ante el TOF N°2 de San Martín, Alberto Gentili, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 de dicha jurisdicción, Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia, condenaron a Fernando Daniel Riga a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor del secuestro extorsivo y robo a una mujer, ocurrido en la madrugada del 30 de octubre de 2015, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

La investigación contra Riga fue elevada a juicio, en septiembre de 2016 por el entonces responsable de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, Carlos Hernán García, y por el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), Santiago Marquevich. En su requerimiento, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que aproximadamente a las 00.50 horas del 30 de octubre de 2015, la víctima se circulaba por la arteria Segunda Rivadavia a la altura del hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, cuando fue interceptada por un vehículo Chevrolet Astra color gris, del cual descendieron tres sujetos armados, uno de los cuales tomó la conducción de su automóvil.

Tras casi una hora de circulación -lapso durante el cual uno de los secuestrados propinó insultos y golpes en la cabeza de la víctima con la culata del arma que llevaba, además de desapoderarla de sus pertenencias-, la mujer fue obligada a descender a una finca, donde reconoció la voz de al menos otras cuatro personas.

Tras una serie de comunicaciones telefónicas con su pareja, a quien al comienzo exigieron el pago de $100.000, la mujer fue liberada en las inmediaciones del lugar de pago del rescate, consistente en la suma de 4.000 euros, 5.000 pesos y una guitarra eléctrica. En ese momento, se produjo un enfrentamiento a tiros con efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Matanza, quienes se encontraban monitoreando la liberación de la víctima. Los secuestraron lograron darse a la fuga.

Sin embargo, el 19 de noviembre de 2015, cerca de las 23 horas, una banda de cuatro personas secuestró a otra mujer en las inmediaciones de la Universidad de La Matanza, y sus miembros fueron detenidos luego de una persecución policial. Dadas las similitudes con el primer hecho, los fiscales solicitaron la realización de una rueda de reconocimiento, donde la víctima secuestrada en Ramos Mejía identificó a Riga como la persona a la que el resto de los integrantes de la banda se dirigían en todo momento como “El Jefe”.

El juicio

En el debate oral y público, que culminó el pasado 23 de abril, el fiscal general Alberto Gentili –quien contó con la colaboración de la UFESE- tuvo por acreditados los hechos endilgados a Riga y consideró que debía responder como coautor penalmente responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate y por la participación de tres o más personas, en concurso ideal con robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por haber sido cometido en un lugar poblado y en banda.

En tal sentido destacó que “los medios empleados (más de un vehículo, armas de fuego, una casa destinada al cautiverio de la víctima), la finalidad perseguida (esto es el cobro de un rescate incluyendo al efecto el empleo de amenazas respecto de la integridad de la mujer secuestrada) y lo palmario y evidente de la afectación de los bienes jurídicos ajenos que todo ello supone como la sencilla aprehensión en la denominada esfera paralela del profano de los elementos normativos de los tipos objetivos en juego permite no solo aseverar la existencia del dolo directo y de la ultraintención de sacar rescate sino que también de descartar cualquier intento de alegar seriamente una hipótesis de error de tipo o prohibición”.

En virtud de ello, el fiscal general Gentili solicitó que Riga fuera condenado a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, y que se informe lo resuelto al Juzgado Federal N°1 de Morón –que lo investiga por otro secuestro extorsivo- y al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata que lo juzga por su intervención en un suceso similar acaecido el 29 de octubre de 2015, en la localidad bonaerense de Castelar, donde también mantuvieron cautiva a la víctima. Por otra parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se notificara a las víctimas de la resolución condenatoria, en los términos de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos.

El pedido de la fiscalía fue receptado favorablemente por los integrantes de Tribunal Oral Federal N°2 de dicha jurisdicción, Daniel Cisneros, Daniel Petrone y Diego Leif Guardia, quienes impusieron a Riga una condena en tal sentido.