El jueves 12 de septiembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín condenó a César Daniel García Loayza, Yuri Goyzueta y Héctor Aristizábal a 10, 6 y 4 años y medio de prisión, en un juicio en el que el fiscal Alberto Gentili representó al Ministerio Público Fiscal.

Los jueces Héctor Omar Sagretti (presidente del debate), Daniel Antonio Petrone y María Claudia Morgese Martín encontraron a García Loayza como coautor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización -agravado por la participación de más de tres personas- y autor del delito de organización y financiamiento de las actividades para concretarlo. En tanto que a Goyzueta como coautor y a Aristizábal como partícipe necesario.

La investigación

En diciembre de 2011 se logró incautar un cargamento de 825 kilos de cocaína -con lotes de pureza del 99,9 %- a 30 metros de la parada del peaje Lima de la ruta nacional 9, en el partido de Zárate. Fue la culminación de una causa instruida por la Fiscalía Federal de Campana a cargo de Orlando Bosca -dado que la investigación fue delegada en el Ministerio Público según lo establecido por el artículo 196 del Código Procesal Penal-, en articulación con la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotrafico de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Secretaria de Inteligencia.

Las pesquisas incluyeron el monitoreo y seguimiento de la carga desde Metán (provincia de Salta) hasta el lugar en el que se realizó el secuestro. Para ello, entre otras diligencias en tiempo real en Salta y Jujuy, se hizo un estricto seguimiento de la labor policial y el contralor judicial una vez obtenido el cargamento.

Por otro lado, en paralelo a la instrucción principal, se realizó una investigación patrimonial. Su importancia radica en que al momento de dictar la sentencia, los jueces ordenaron el decomiso de dos automóviles utilizados en la comisión de los delitos: un Chevrolet Chevette y un Volkswagen Voyage.

Tras la sentencia, el fiscal Gentili destacó el trabajo encabezado por el Ministerio Público Fiscal en coordinación con el juzgado y la policía, que garantizó “un producto judicial más depurado y objetivo” para lograr las condenas.