El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°8 de la Capital Federal condenó hoy a 3 años de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación absoluta perpetua, a un extesorero del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina que en 2015 se apropió de cerca de dos millones de pesos correspondientes al pago del canon por el uso de un predio estatal en el que funcionó un parque acuático de la empresa Mundo Marino, en la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú.

La condena para al capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz (44), también incluyó el pago de una reparación económica de 274.696.471 pesos, en función del perjuicio ocasionado al Estado, conforme lo establece el artículo 29, inciso 1°, del Código Penal.

La sentencia fue en sintonía con lo que el 25 de marzo pasado había solicitado en su alegato el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, de la Fiscalía General N°8 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal, cuyo titular es el fiscal general Marcelo Colombo.

El tribunal —integrado por las juezas Sabrina Namer y Gabriela Iníguez y el juez Nicolás Toselli— consideró al imputado autor del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal.

Tras la lectura del veredicto, el TOCF N°8 anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 17 de abril. El juicio se había iniciado el pasado 10 de febrero.

La maniobra

Durante el alegato, el MPF dio por acreditado que Tapia Ruiz sustrajo entre noviembre y diciembre de 2015 un total de 1.849.000 pesos correspondientes al canon anual que debía abonar la empresa concesionaria Mundo Marino por un predio de la Armada donde funcionó el parque Bahía Aventura, en el marco del convenio de uso compartido celebrado en 1997.

Según puntualizó Yivoff, para ello el ahora condenado llevó a cabo distintas maniobras destinadas a evitar que los fondos ingresaran en la cuenta recaudadora o escritural del organismo —desde la cual no podría disponerlos— y, por el contrario, le fueran entregados directamente a él. También se le atribuyó haber realizado otras maniobras para ocultar la operatoria.

Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado intervino en el circuito de cobro y comunicó a la empresa la supuesta existencia de cambios en la modalidad de pago dispuestos por el Ministerio de Economía —que en realidad no existían—. De ese modo, logró que el canon se abonara mediante cheques a nombre del organismo, en lugar de la transferencia bancaria habitual.

Tapia Ruiz recibió esos valores, los endosó y los hizo circular a través de terceros. Tras un primer rechazo por cuestiones formales, gestionó ante la empresa la emisión de un nuevo juego de cheques, que finalmente fueron depositados en una cuenta de la firma Recaudadora Centenario S.A., sin que el dinero ingresara a las arcas estatales.

La investigación también determinó que el imputado entregó recibos apócrifos a las autoridades de la empresa por cada uno de los pagos realizados.