El Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 condenó a 20 años de prisión a un hombre que disparó contra una embarazada durante un robo dentro del barrio “Papa Francisco”, en julio de 2014, tal como lo había solicitado el fiscal Sandro Abraldes. Los tres disparos que hizo Gustavo Aponte, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario de Ezeiza ocasionaron la pérdida del embarazo de la víctima.

El 20 de julio de 2014, cerca de las 7:00, Aponte (apodado “Orejas”) junto a Lucas Ríos y otras tres personas que no fueron juzgadas en este debate, entraron a la casa 23 del sector 8 del barrio “Papa Francisco”. Allí, dormía Albertina con sus hijos, uno de ellos con una “encefalopatía crónica y retraso mental madurativo”.

Ríos le apuntó a la mujer y le ordenó que no hablara. Mientras tanto, el resto del grupo registraba la vivienda: se llevaron un televisor, una computadora que le habían dado a sus hijos y tres celulares. Todos escaparon por la parte de atrás de la casa. El último en salir fue Ríos, quién en la huida disparó varias veces al aire para amedrentar a los vecinos que se asomaban para ver lo que ocurría.

Una de las personas que se acercó a ver que sucedía fue Sonia, quien vivía a unas pocos metros de allí. La joven estaba en el séptimo mes de embarazo. Como no vio a nadie, fue hacia la esquina y ahí observó a un grupo de personas que corría. Cuando Aponte advirtió su presencia, le apuntó y le disparó tres veces. Uno de los tiros fue en el tórax y el otro en el muslo. Fue rápidamente auxiliada por sus vecinos que la llevaron al hospital pero las heridas le causaron una hemorragia interna que llevó a la muerte del feto.

Tanto los jueces Ana Dieta de Herrero, Fernando Ramírez y Jorge Gettas como el fiscal destacaron los testimonios de las dos mujeres víctimas de la situación. Albertina relató ante el Tribunal como fue el robo y reconoció a Ríos en la sala de audiencias. Contó que después del asalto fue amenazada por la familia del acusado.

Sonia se presentó ante los jueces y señaló a Aponte, alias “Orejas”, como el hombre que le disparó. Además, declararon algunos vecinos que hacían “guardia” para evitar los robos y que vieron la huida de los acusados y que auxiliaron a la joven después de los disparos.

El informe del Cuerpo Médico Forense que da cuenta de la gravedad de las lesiones que sufrió la joven fue valorado tanto por el fiscal como por los jueces.

La versión de los acusados

Aponte fue condenado a veinte años de cárcel por los delitos de robo triplemente agravado por haber sido cometido con armas de fuego, en poblado y en banda y mediante efracción; portación ilegal de arma de uso civil; homicidio criminis causa agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa, y aborto sin el consentimiento de la mujer.

Ríos, actualmente detenido en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz, fue condenado a diez años de prisión con la misma calificación que Aponte por participar del robo. El fiscal había pedido 12 años de prisión para el imputado.

Los jueces sostuvieron que ambos no ofrecieron ninguna explicación sobre las acusaciones en sus indagatorias y que sólo Aponte en el juicio aseguró que estaba en una fiesta en la casa de su tía esa noche. Para ello, presentó dos fotos que el Tribunal desestimó: “Aponte mintió, avanzado el curso del proceso intentando acomodar una versión para tratar de contrarrestar el fulminante testimonio de Sonia, que además se ve corroborado por los otros testigos que dijeron verlo en el lugar”.

La defensa de Ríos manifestó que el reconocimiento que hizo una de las víctimas era parte de “un complot de extranjeros frente a nacionales” y que los testigos de origen boliviano “declararon en forma organizada y estructurada” para imputarlo falsamente. “El Tribunal no encuentra asidero alguno para dar crédito a esa pretensa operación orquestada y menos aún atendiendo a que no se vislumbra cuál sería el móvil del complot”, indica el fallo judicial.

Voluntad homicida

En su alegato, Abraldes aseveró que Aponte “subestimó la vida”, que su intención fue asegurar el robo con los disparos y, a la vez, pretender que todo quede impune. Los jueces coincidieron: “la finalidad homicida de los disparos que efectuó contra la damnificada es incontestable; fueron dirigidos directamente al cuerpo y a muy escasa distancia”. Y agregaron: “disparó así para lograr la propia impunidad”.

El fiscal había enumerado las dificultades que atravesó Sonia desde ese 20 de julio: perdió a su hija; la herida de la cesárea no le permite trabajar; no puede correr; tiene asma, y hasta incluso su voz no es la misma. “La interrupción del embarazo fue producto y obra exclusiva de los disparos de Aponte”, había aseverado Abraldes.

En esa misma línea, los magistrados señalaron: “el imputado tiró a matar, apuntando a zonas vitales, y de manera reiterada, y la mujer recibió los disparos, varios de ellos mortales, y no falleció porque la rápida intervención de los vecinos y los cuidados médicos que se le proporcionaron pudieron reparar su estado, no así el daño mortal infligido sobre su futura hija”.

Con respecto al asalto, tuvieron en cuenta la violencia desplegada durante el robo. Tal como había expresado Abraldes, el Tribunal explicó que Aponte, Ríos y los otros integrantes acordaron la ejecución del hecho con intimidación y violencia sobre las personas y que para ello portaban las armas de fuego.