23 de junio de 2024
23 de junio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Las condenas incluyen la inhabilitación para ocupar cargos públicos
Condenaron a dos efectivos de Prefectura por golpear y lesionar a dos jóvenes
Para los jueces, los agentes quisieron “disciplinar” a los adolescentes. El fiscal Sandro Abraldes consideró que se valieron de su condición de autoridad pública para lesionar a las víctimas

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 condenó a dos efectivos de Prefectura Naval Argentina que golpearon y lesionaron a dos jóvenes de 13 años, en febrero de 2014. El ayudante de primera Sergio Luis Romero y el ayudante de tercera Mauro Andrés Leguiza fueron considerados culpables del delito de “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas con abuso en el ejercicio de su función como integrante de las fuerzas de seguridad”. En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes había considerado que los prefectos debían ser condenados además por el delito de “vejaciones” debido al trato humillante que le propinaron a las víctimas y que los mortificó.
Los jueces Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Jorge Gettas le fijaron a Romero la pena de un año y medio de prisión mientras que a Leguiza lo condenaron a un año de cárcel. Los dos recibieron una inhabilitación por el tiempo de su condena para ejercer cargos públicos.
El 9 de febrero de 2014, los dos chicos fueron al corso de Barracas que se realizaba en la calle Suárez a la altura de Herrera. Pasadas las 00:35 del 10 de febrero, se produjeron incidentes en el lugar, por lo que ambos decidieron irse hacia sus casas, ubicadas en el barrio de La Boca.
Mientras caminaban por la calle Aráoz de Lamadrid, vieron pasar a un grupo de jóvenes y luego  patrulleros, por lo que se desviaron de su camino por la calle Azara hacia el lado de Magallanes para evitar el conflicto. Allí, antes de llegar a la esquina, fueron interceptados por un móvil de Prefectura, que se subió a la vereda para frenarles el paso.
Del auto descendió primero Romero, quien les ordenó que se pusieran contra la pared. Uno de los chicos le dijo que eran menores de edad y que venían del corso. Ante esto, Romero le pegó una cachetada y empujó su cabeza contra la pared mientras que el otro agente golpeaba con “un palo” a su amigo. Según relataron las víctimas, les dijeron que “no querían verlos más por ahí”, por lo que se fueron corriendo del lugar.
Como consecuencia de la golpiza, uno de los chicos sufrió una herida en la sien que sangraba tanto que tuvo que pedir una remera camino a su casa para intentar frenar la sangre. Al llegar a su vivienda, le relató lo sucedido a su madre, que lo llevo inmediatamente al Hospital Argerich y luego presentó la denuncia. El otro jóven tuvo hematomas en los brazos y espalda a causa de los golpes.
Tanto el Tribunal como la Fiscalía tuvieron en cuenta el relato que los adolescentes hicieron en Cámara Gesell durante la instrucción. Abraldes retomó las conclusiones que realizó la psicóloga del Cuerpo Médico Forense, quién sostuvo que los testimonios eran “verosímiles, espontáneos, con detalles específicos y coherentes”.
La secuencia de la golpiza, de no más de 30 segundos, fue captada parcialmente por un cámara de la empresa Metrogas, donde se observa cómo el patrullero de Prefectura frena bruscamente y se sube a la vereda. Segundos después, se ve a dos personas que corren hacia la calle Magallanes. Otra filmación capta a los chicos antes de la llegada de los efectivos donde se los ve caminar tranquilamente por la calle Azara. No se observa ningún disturbio ni nada que hiciera llamar la atención de Romero y Leguiza.
En su descargo, los prefectos negaron haber increpado y golpeado a los adolescentes. Ambos dijeron que cuando bajaron del vehículo vieron a uno de los chicos con una lesión y que le preguntaron si quería atención médica, a lo que supuestamente el menor de edad habría contestado que no. Según Romero, en ese momento se acercó al móvil para llamar al SAME, situación que los chicos aprovecharon para irse.
Para el fiscal, esa versión es insostenible. Consideró que, en el caso de que la víctima  estuviese realmente lesionada cuando la vieron, el prefecto no podía darle “la opción” de llamar al SAME sino que era su deber auxiliarlo por su posición de garante. Destacó, además, que no se realizó ninguna modulación para relatar la situación ni se documentó cuando llegaron a su dependencia el encuentro con los dos menores. El Tribunal afirmó que “la única finalidad de la intercepción y golpiza a los niños, fue disciplinar” y que decidieron “castigarlos”.

Abraldes sostuvo que el hecho se tornaba aún más grave porque los acusados eran funcionarios públicos y que en un estado de derecho “ese funcionario es la persona llamada y pagada por el Estado para aportar racionalidad a la vida civil”.  Aseguró que Romero y Leguiza se valieron de su condición de autoridad y de superioridad para lesionar a dos chicos de 13 años.
Los jueces descartaron la versión que intentó instalar la defensa sobre una falsa imputación que habrían hecho las víctimas para evitar que sus madres los retaran por ir al corso. “Hay que destacar que si crearon una historia para justificar sus heridas, pero sin intención de que los falsos autores fueran identificados, no se explica por qué ubicaron la agresión en el lugar y con las personas con las que efectivamente estuvieron y a las que razonablemente se podía individualizar más allá de la descripción que ofrecieran”, indicaron.
En esa misma línea, se había expresado la Fiscalía durante su alegato: “las cosas pasaron como las contaron los chicos y fueron corroboradas no sólo por sus dichos sino por las lesiones que fueron certificadas pericialmente y el video”.
Con respecto a la calificación, Abraldes había solicitado una condena de dos años y seis meses para Romero y dos años de cárcel para Leguiza por vejaciones además de las lesiones. Había explicado que vejar significa “molestar, perseguir, hacer padecer a una persona, ya sea física o moralmente”. Y agregó: “se refiere a todo trato humillante que mortifique a la persona, como en este caso”.
Los jueces no coincidieron con esa propuesta: “es evidente que desde el punto de vista de la víctima, cualquier acto de abuso de autoridad por parte de un funcionario reviste un carácter vejatorio, en sentido amplio, por cuanto implica la humillación, y consecuente lesión a la autoestima”. “La actitud de los integrantes de la Prefectura aparece orientada a disciplinar a los niños a los que se castiga por haber estado donde no debían estar y se los manda de regreso a su casa”, concluyeron.