El Tribunal Oral Federal de Formosa -integrado por Juan Manuel Iglesias, Rocío Alcalá y Norma Nilda Lampugnani, como subrogantes-, dictó penas de entre tres y seis años de prisión y una indemnización de tres millones de pesos a autoridades de la Universidad Nacional de Formosa (UNF) acusadas de irregularidades en la administración de fondos públicos. En la causa intervino Luis Benítez, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales Federales de esa jurisdicción.

En la causa se investigan giros en torno a la emisión de títulos universitarios apócrifos y a las irregularidades inherentes a la administración fraudulenta de los fondos provenientes de cursos virtuales arancelados, dictados en España a través del Instituto Cibernos de Madrid. De acuerdo a la acusación, la maniobra ilícita realizada por los imputados consistió en utilizar a la Universidad Nacional de Formosa (UNF) para obtener fondos públicos y luego desviarlos en beneficio propio. Los alumnos pagaban por los cursos y, pese a ello, el dinero no era ingresado totalmente a la universidad porque era desviado parcialmente al patrimonio de los acusados. Fueron diecisiete títulos de “Licenciado en Sistemas” otorgados a estudiantes españoles los que dieron inicio a la pesquisa.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal  había resuelto revocar  las absoluciones dictadas por el TOF de Formosa a los imputados, en julio de 2016, y dispusieron apartar del expediente a una de las juezas que participó del primer juicio por verse afectada su imparcialidad, que se sortee un nuevo tribunal y se realice otro debate respecto a los hechos por los cuales fuera elevada la causa a juicio.

Las condenas

En marzo de este año se llevó a cabo el nuevo juicio oral y público, y el lunes 29 de abril los jueces subrogantes del Tribunal de Formosa dictaron sentencia en línea con los alegatos del fiscal general Luis Benítez. De esa forma condenaron al ex rector de la Universidad Nacional de Formosa, Carlos Dalfaro, a l6 años prisión; el ex decano de la Facultad de Administración, Economía y Negocios, Carlos Quijano, y el entonces contador de esa casa de estudios, Víctor Seminara, recibieron penas de cinco y cuatro años de prisión, respectivamente. Todos como coautores de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública nacional, en concurso ideal con el delito de falsificación material e ideológica de instrumentos públicos y malversación de caudales públicos. Asimismo, se les impuso inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas.

El Tribunal hizo lugar a la indemnización por tres millones de pesos solicitada por el Ministerio Publico Fiscal y la querella.

Por su parte, Marcelo Castro, quien fuera nexo entre la Unión del Personal Civil de la Nación y las carreras a distancia que dictaba la Universidad, fue condenado a tres años y seis meses de prisión, al ser encontrado partícipe necesario de fraude en perjuicio de la administración pública nacional, en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos; también se le impuso  inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas. El secretario general del gremio estatal de Formosa de la Unión del Personal Civil de la Nación, Isabelino Idoyaga, fue condenado a tres años de prisión como coautor del delito de fraude en perjuicio de la administración pública nacional.

El ex rector del Instituto World College de Ushuaia, Carlos Gorosito, fue a su vez condenado a cinco años de prisión, como partícipe necesario de fraude en perjuicio de la administración pública nacional, en concurso ideal con el delito de malversación de caudales públicos, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas. En tanto que el entonces tesorero de la UNAF Rubén Espínola fue absuelto.

Por último, el Tribunal hizo lugar a la indemnización solicitada por el Ministerio Publico Fiscal y la querella en representación de la UNAF. Se trata de tres millones de pesos a ser cubiertos de forma solidaria, cuando se cumplan treinta días de adquirida la firmeza del fallo del TOF.

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 14 de mayo, en tanto las condenas no serán operativas hasta que la resolución quede firme.