El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 condenó a cuatro años de prisión a un hombre que había intentado ingresar al país una momia completa y tres calaveras. De esta manera, se convirtió en el primer caso de contrabando de restos humanos detectado en el país después de la sanción de la ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (ley 25.743).

Durante el alegato, el fiscal Marcelo Agüero Vera había dado por acreditado el hecho y entendido que se trataba de un delito de contrabando calificado, porque la mercadería -que fue objeto de la maniobra-, “se encuentra sometida a una prohibición de carácter absoluto de importación”, debido que se trataba de material arqueológico, especialmente protegido por la ley.

El envío de las piezas arqueológicas, cuya comercialización, importación o exportación está prohibida en Argentina, fue detectado en un control con rayos X llevado adelante por el Correo Argentino, que dio, posteriormente, intervención a la Aduana.

Según los peritos, los fósiles hallados poseen un importante valor histórico y arqueológico ya que pertenecerían a las culturas Paracas, que vivieron durante los siglos VIII antes de Cristo y III, en la costa del sur del Perú.

Agüero Vera había solicitado la pena de seis años de prisión y seis meses de inhabilitación para ejercer el comercio. También, pidió la extracción de los testimonios del resultado de la causa y que fueran remitidos a la sección de Interpol encargada, a nivel nacional, de la Protección del Patrimonio Cultural, a fin de que investiguen la ruta de ingreso y el remitente de los envíos que fueron objeto de todo lo actuado en el expediente.

Por todo esto, el tribunal (compuesto por Susana Castro de Pellet Lastra, como presidenta, Jorge Pisarenco y Enrique Schelegel, como vocales) condenó a Sebastián Juan Pablo Suárez no sólo a prisión sino también a pérdidas de concesiones e inhabilitación especial de seis meses para el ejercicio del comercio. También lo inhabilitó de manera especial y perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, sumado a otra inhabilitación absoluta de ocho años para desempeñarse como funcionario o empelado público.

Finalmente, los jueces además resolvieron que los restos fósiles fueran devueltos a Perú, tal como lo había solicitado el representante del Ministerio Público Fiscal.