Luego de analizar las apelaciones presentadas por los abogados defensores de 26 empleados porteños acusados de cuatro delitos de acción pública, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó los procesamientos para veinticuatro de ellos y sobreseyó a otros dos.

Los acusados son el ex director de la Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA, Claudio Antonio Pascali, y los empleados de esa repartición: Homero Marín, Ariel Correa, Edgardo Ariel Serra, Arnaldo Ángel Piccinali, Walter Abel Melogno, Walter Castañeda, Jorge José Robertazzi, Miguel Ángel Corrales (p), Oscar Roberto García, Hugo Alberto Montaña, Luis Fernando Alessandri, Daniel Rodríguez, Luis Alberto Rey, Héctor Van Opstal, Walter Palomba, Hugo Marcelo Sabatella, Mariano Domínguez, Julio Celano, Walter Slachta, Alejandro Ariel Sánchez, Miguel Ángel Corrales (h), Alberto Pozzi, Roberto Rubén Genovese, Maximiliano Alessandri y Rosa del Valle Abregú.

Un favor para Pascali

El primer hecho imputado a Pascali, Correa, Castañeda, Melogno y Marín, ocurrió el 1° de noviembre de 2006, cuando personal operativo y maquinaria de la Guardia de Auxilio y Emergencias demolió el inmueble de la calle Álvarez Thomas 3079, con fin de liberar el terreno para una futura construcción en la que participaría el ahora procesado arquitecto Marín, a título particular. Los trabajos no debían ser realizados gratuitamente por el Gobierno de la Ciudad, ya que no presentaba peligro de derrumbe ni riesgo para las personas.

En la audiencia de apelaciones, la abogada de Melogo y Castañeda, Natalia Ferrari sostuvo que sus defendidos sólo seguían órdenes y que tampoco tenían injerencia en el trámite administrativo, por lo que no les cabía reproche.

Por su parte, el defensor de Marin, Santiago de Jesús, sostuvo que el funcionario sólo dijo que la demolición la podía hacer una empresa privada o la Guardia de Auxilio, pero que él no tomó la decisión, al tiempo que agregó que al haberse recibido el pago por la demolición no había perjuicio para las arcas municipales.

A su turno, el representante de Pascali, Ezequiel Klainer, sostuvo que no había constancias de que el ex director de la Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA supiera de la demolición o la hubiera autorizado, al tiempo que recalcó que la denuncia que originó el proceso fue interpuesta por un grupo de empleados descontentos con la designación de Pascali como Director de la Guardia de Auxilio.

En base a este punto, el fiscal a cargo y la fiscal ad-hoc de la Fiscalía Gral. N°3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes y Verónica Fernández Cuevas, solicitaron que se confirmaran los procesamientos, pues estaba probado que el inmueble no tenía peligro de derrumbe que justificara la demolición, y que se habían adulterado los libros de registros para acreditar una llamada denunciando el peligro, la cual jamás existió.

Chocar sin permiso

Otro de los hechos investigados ocurrió el 3 de octubre de 2003. Pascali, junto a Arnaldo Piccinali y Edgardo Ariel Serra, protagonizaron un accidente de tránsito con una camioneta del GCBA. Al no contar con el correspondiente permiso para conducir ese vehículo, Pascali –junto al también procesado Claudio Fabián Woll- obligó a Piccinali a colocarse como conductor de la camioneta.

En base a este punto, la defensora de Piccinali, Natalia Ferrari, solicitó la prescripción de la acción penal y sostuvo que “no hay indicios que acrediten la falsedad ideológica” que se le atribuye al ex funcionario y que “si existió un cambio de conductores, fue porque su cliente fue coaccionado por Woll y Pascali, bajo apercibimiento de perder su vivienda en la Guardia de Auxilio”.

En tanto, el defensor de Serra, Emiliano González, consideró que el hombre “con motivo del accidente, fue hospitalizado y, recién cuando recuperó su conciencia, tomó conocimiento por los dichos de sus compañeros de trabajo quiénes fueron los protagonistas”.

Por su parte, la defensa de Pascali, sostuvo que imputación reposa en los dichos de dos empleados a los que su cliente no les renovó el contrato, por lo cual “no puede descartarse una intención deliberada de perjudicar a su cliente”.

En su réplica, la fiscalía sostuvo que, cuando ocurrió el hecho, “Piccinali no estaba en su horario de trabajo –que era el de la noche- y, por tanto, no era lógico que estuviera a cargo del vehículo”.

Horas extra

Asimismo, Melogno, Castañeda, Robertazzi, Corrales (p), García, Montaña, L. Alessandri, Rodríguez, Rey, Van Opstal, Palomba, Sabatella, Domínguez, Celano, Slachta, Sánchez, Corrales (h), Pozzi, Genovese, M. Alessandri y Abregú fueron imputados por haber cobrado horas extra (URSES) a sabiendas de que no las trabajaron, perjudicando los intereses del G.C.B.A.

Al respecto, la defensora Ferrari afirmó que Domínguez, Rodríguez, García, Van Opstal, Sabatella, Genovese, Montaña, Rey, Melogno, Robertazzi y Castañeda trabajaron y percibieron las horas en cuestión por ser personal de planta permanente y “que en razón de la función propia de esa repartición estaban exceptuados de cualquier límite o tope en su asignación”.

En igual sentido se refirieron los defensores de Slachta, Sánchez, Palomba, Celano, Corrales (p), Corrales (h), Pozzi y Abregú, los Dres. Del Rincón, Toledo, Pizarro, González Assad, De Jesús y Bufager.

A su turno, la defensa de Pascali alegó que la asignación de las horas “no era responsabilidad de su cliente, ya que él sólo daba el visto bueno a la planilla de horas trabajadas, más no intervenía en su asignación”.

“Según las constancias de la causa se habría trabajado de lunes a domingo, durante una franja horaria de entre 12 a 14 horas, sin que se haya podido justificar el porqué de esa jornada intensa de trabajo”, replicó la Fiscalía, y agregó que ello evidenciaba “cómo Pascali manejaba los fondos de la administración pública a su antojo”.

Amenazas

También se imputaba a Pascali, Melogno, Woll, Robertazzi y Corrales haber amenazado a cuatro empleados de la repartición. Sin embargo, los defensores Ferrari, Klaimer y González Assad postularon que no había prueba de cargo en contra de sus pupilos “ya que la cuestión se reduce a dichos encontrados entre las partes”.

Pero la Fiscalía sostuvo que había un vínculo entre las amenazas efectuadas y la investigación.

La resolución de la Cámara 

Tras escuchar los planteos de las partes, los jueces de la Sala V, Gustavo Bruzzone y Mirta López González, consideraron que por la irregular demolición en la que no existía alarma que ameritara la intervención gratuita de la Guardia de Auxilio, correspondía confirmar el procesamiento de Pascali, Marín, Correa, Melogno y Castañeda.

Con respecto al segundo hecho, en el que Pascali obligó a Piccinali a reemplazarlo al frente del rodado accidentado, la Sala V entendió que existió “un potencial perjuicio para la fe pública o, eventualmente, una maniobra montada para lograr el resarcimiento económico de la compañía de seguro que respondió por un siniestro, cuya verdad histórica no sería denunciada”. Asimismo, y en relación a Serra y Piccinali, el tribunal de alzada sostuvo que correspondía sobreseerlos, dado que el primero declaró en base a los dichos de sus compañeros –por haber perdido la conciencia en el accidente- y el otro actuó bajo coacción.

Por otro lado, Bruzzone y López González consideraron que existía prueba de cargo para afirmar el pago irregular de horas extra, y confirmó los procesamientos de Pascali, Melogno, Castañeda, Robertazzi, Corrales (p), García, Montaña, Alessandri, Rodríguez, Rey, Van Opstal, Palomba, Sabatella, Domínguez, Celano, Slachta, Sánchez, Corrales (h), Pozzi, Genovese, Alessandri y Abregú.

Sobre las amenazas, los camaristas se inclinaron por sobreseer a Pascali, Melogno, Robertazzi y Corrales (p) ya que “las intimidaciones denunciadas no sólo reposan exclusivamente en los dichos de los denunciantes y carecen de otra prueba independiente que le de sustento, sino que además, su idoneidad se encuentra en jaque”.