La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Guillermo Lucero e Ignacio Rodríguez Varela, confirmó el procesamiento de los dos principales directivos de la firma Guido Guido S.A., en el marco de una causa donde se investiga la responsabilidad de los imputados en al menos veinte fraudes vinculados a la comercialización de vehículos de la marca Volkswagen.

En su mayor parte, los hechos bajo análisis -que damnificaron tanto a personas físicas como jurídicas-, tuvieron lugar entre 2013 y 2014, de manera previa al inicio de la cesación de pagos decretada por el síndico del concurso preventivo de Guido Guidi S.A. (15 de abril de 2014). Tal como se desprende de la abundante documentación recolectada en la instrucción, el mecanismo defraudatorio se materializó a través de operaciones de compra de vehículos o bien por medio de la suscripción de planes de ahorro con ese fin, en donde las víctimas, a pesar de haber adelantado o incluso en algunos casos cancelado la totalidad de los valores acordados, jamás recibieron el vehículo.

Según la investigación, la defraudación se concretó a través de operaciones de compra y la suscripción de planes de ahorro, por los cuales las víctimas jamás recibieron el vehículo.

La resolución de Cámara desechó algunos de los argumentos vertidos por los imputados a la hora de justificar los incumplimientos contractuales, tales como la crisis económica que tuvo lugar a comienzos de 2014, la devaluación registrada en ese período y el incremento de impuestos aplicados a los vehículos de alta gama. En efecto, los jueces pusieron de relieve que las víctimas, a pesar de haber entregado dinero en efectivo o en algunos casos rodados como forma de pago, no sólo no obtuvieron la devolución de las sumas invertidas (sólo recibieron cheques sin fondo), sino que tampoco les devolvieron el vehículo.

"No estamos en presencia de un mero incumplimiento contractual, sino todo lo contrario, ante una gran maniobra de fraude cometida en perjuicio de los agraviados, perfectamente pergeñada, a partir, como he señalado reiteradamente, del uso de la estructura empresarial de la firma, de gran trayectoria, experiencia y reconocimiento, a los fines de obtener un beneficio y aprovechamiento, a todas luces ilícito, ya que, pese a que conocían que no podrían cumplir con sus obligaciones, continuaron captando clientes y exigiéndoles dinero adicional para entregarles autos", indicó en su requerimiento la fiscal Mónica Cuñarro, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, a cargo de la instrucción de la causa.

El tribunal de alzada mantuvo el encuadre legal de la instancia anterior, al entender que la conducta atribuida a los dos acusados son constitutivas del delito de fraude, en los términos del artículo 172 del Código Penal.