16 de abril de 2024
16 de abril de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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Interviene el fiscal Maximiliano Hairabedian
Córdoba: alegatos en el juicio contra policías acusados de extorsionar a comerciantes
El representante del Ministerio Público pidió penas de entre tres y siete años para seis policías de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina. Están acusados de exigir dinero a cambio de "protección" en locales del centro de la ciudad de Córdoba.

El fiscal federal ante los Tribunales Orales Federales de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, alegó en la causa en la que se juzga a un grupo de policías federales organizados en una supuesta asociación ilícita destinada a exigir dinero a comerciantes del centro de la ciudad mediterránea.

El representante del Ministerio Público solicitó para el ex comisario y ex jefe de la delegación Córdoba de la Policía Federal Walter Claudio González Galzerano la pena de cinco años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación especial. En tanto, para el ex subcomisario y ex segundo jefe de la Delegación Córdoba de la PFA Claudio Pedro Bonggi pidió seis años de prisión y seis años de inhabilitación especial. Con respecto al ex oficial principal y ex jefe de brigada Héctor Oscar Gómez requirió seis años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación especial. Hairabedian consideró que al ex sargento y ex integrante de la brigada de investigaciones Marcelo Claudio Saldanio le corresponden siete años de prisión y seis de inhabilitación especial. La lista de acusados se completa con el ex auxiliar de inteligencia Antonio Juan Terlikar, para quien el representante del Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión y de inhabilitación especial, y el ex suboficial Armando Miguel Montoya, que el fiscal pidió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.

En el juicio, se ventilaron 14 hechos que los uniformados habrían cometido desde febrero hasta abril de 2008 calificados como asociación ilícita, extorsión, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de distintos comerciantes de la capital cordobesa. Los policías habrían exigido pagos, en algunos casos mensuales, para evitar que los locales fueran allanados con distintos argumentos y que se les retuviera la mercadería. También, se los acusa de presionar a “arbolitos” a pagar para operar en la vía pública, e incluso detenerlos y exigir un pago para liberarlos.