12 de julio de 2024
12 de julio de 2024 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En línea con lo solicitado por el fiscal general Maximiliano Hairabedián
Córdoba: condenaron a los policías acusados de extorsionar a comerciantes
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba condenó a penas de entre tres y siete años de prisión a seis policías de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, acusados de exigir dinero a cambio de "protección" en locales del centro de la ciudad de Córdoba.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba -integrado por los jueces José Fabián Asís, José María Pérez Villalobo y Carlos Julio Lascano- condenó a los seis policías federales por haberlos encontrado culpables de organizar una asociación ilícita destinada a exigir dinero a comerciantes del centro de la ciudad mediterránea.

Para esto, no sólo se valió de lo demostrado a lo largo del debate por el fiscal general Maximiliano Hairabedián, sino que además impuso las mismas penas que el representante del MPF había solicitado. De esta manera, el ex comisario y ex jefe de la delegación Córdoba de la Policía Federal Walter Claudio González Galzerano recibió la pena de cinco años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación especial. En tanto, el ex subcomisario y ex segundo jefe de la Delegación Córdoba de la PFA Claudio Pedro Bonggi y el ex oficial principal y ex jefe de brigada Héctor Oscar Gómez fueron condenados a seis años de prisión y seis años de inhabilitación especial. A su vez, el ex sargento y ex integrante de la brigada de investigaciones Marcelo Claudio Saldanio le correspondieron siete años de prisión y seis de inhabilitación especial. La lista de condenados se completa con el ex auxiliar de inteligencia Antonio Juan Terlikar, quien recibió cuatro años de prisión y de inhabilitación especial, y el ex suboficial Armando Miguel Montoya, que el fiscal quien obtuvo tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por cuatro años.

En el juicio, se ventilaron 14 hechos que los uniformados cometieron desde febrero hasta abril de 2008 calificados como asociación ilícita, extorsión, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de distintos comerciantes de la capital cordobesa. Los policías habrían exigido pagos, en algunos casos mensuales, para evitar que los locales fueran allanados con distintos argumentos y que se les retuviera la mercadería. También, se los acusa de presionar a “arbolitos” a pagar para operar en la vía pública, e incluso detenerlos y exigir un pago para liberarlos.