El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba comenzó el lunes pasado el juicio oral y público a ocho excomisarios y cinco civiles vinculados a una presunta Asociación Cooperadora de la Comisaría Seccional Primera de esa capital mediante la cual, entre mayo de 2008 y abril de 2013, habrían recibido coimas para brindarles “seguridad” a diferentes comercios de la ciudad. Además, dos de los excomisarios están acusados de brindar protección al funcionamiento de un prostíbulo denominado “Majas” y deberán responder por los delitos de cohecho pasivo y complicidad en la explotación sexual de una víctima. El resto está acusado por el delito de exacciones ilegales. Según cada caso, fueron señalados como coautores y partícipes necesarios. En representación del MPF interviene el fiscal general Maximiliano Hairabedian. La instrucción estuvo a cargo del fiscal Enrique Senestrari.

A los excomisarios de aquella seccional Nicolás Ricardo Díaz, Gabriel Carlos Álvarez, Ricardo Marcelino Galarza, Carlos, Osvaldo Cejas, Osvaldo Emilio Arias, Ariel Alejandro Pérez, Walter Martín Roldán, Amado Rafael Nuñez y Carlos Osvaldo Cejas se les endilga “haber abusado de sus cargos y exigir el pago de manera periódica de diversas sumas de dinero a responsables o dependientes de entidades comerciales, bancarias, educativas y sindicales de Córdoba Capital, a cambio de ofrecerles y/o brindarles protección o seguridad policial”. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Senestrari, ese dinero era utilizado para reparaciones de vehículos policiales, vacaciones del personal, adquisición de artículos de librería, pagos de alimentos en bares y carnicerías, pagos de traslados de personal en vehículos taxímetros, provisiones para la dependencia y/o para tareas de su mantenimiento y limpieza.

A su vez, a Arias y a Cejas se los acusa de haber recibido dinero, entre julio de 2010 y septiembre de 2011, por parte de personas que disponían, sostenían y administraban un prostíbulo denominado “Majas” ubicado también en la ciudad de Córdoba, a sabiendas de que tal local clandestino funcionaba en abierta violación a la ley de profilaxis antivenérea, y que allí podían perpetrarse maniobras vinculadas al delito de trata de personas.

Otras cinco personas civiles -Alejandro Yturrioz, Ruth Judith Ramos, Jorge David Farías, Héctor Hugo Santillán y José Armando Olmedo- están acusadas de formar parte de la cooperadora mediante la cual se instrumentaban los pagos.

Según detalló la acusación, la cooperadora se encontraba inhabilitada para funcionar de manera regular por poseer el mandato de sus autoridades vencido. En este marco, Yturrioz simulaba ser su representante y no revestía cargo alguno. A través de colaboradores que actuaban bajo sus órdenes -Farías, Santillán, Olmedo y Ramos- instrumentaba el cobro del dinero a las distintas entidades comerciales, bancarias, educativas, sindicales y prostíbulos de esta ciudad.

La audiencia

En la primera audiencia de debate realizada el lunes 21 de marzo, declaró como testigo un comisario retirado que fue jefe de la Seccional 1° en 2005. El hombre aseguró que al tiempo de asumir la función se enteró que había prostíbulos de la jurisdicción que pagaban a la cooperadora. Eso originó que él averiguara la situación de irregularidad que tenía la cooperadora, dejara de recibir su ayuda y comunicara los hechos a sus superiores y al Poder Judicial. En su declaración se refirió también a la protección policial de los prostíbulos en otras gestiones.

A su vez, relativizó la responsabilidad por los aportes de dinero a la cooperadora de parte de comerciantes legales que los jefes de comisaría recibían en ayuda para la función. Dijo que esto era algo “habitual” y que, cuando los jefes llegaban a titulares de una comisaría, normalmente no eran conocedores del manejo interno de la cooperadora, no se ponían a averiguar su situación de personería jurídica. El miércoles 30 se reanudará el debate.